Seis días después de la muerte de una adolescente de 15 años, secuestrada y violada por un sospechoso de 64 años en Rumanía, la tardanza de la Policía en reaccionar a las llamadas de auxilio de la víctima ha provocado indignación ciudadana y generado una crisis política al más alto nivel.

Las consecuencias del escándalo llegaron al Gobierno socialdemócrata, acusado por el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, de propiciar "demoras criminales" en este caso, con un modelo de gestión que favorece la corrupción y la "politización" de la Administración pública.

El jefe de Estado, muy crítico con el Gabinete de la primera ministra Viorica Dancila, llegó a decir que el Ejecutivo es el "autor moral" del crimen. "Hemos llegado hasta aquí porque los gobiernos de los últimos años han llenado el país de incompetentes", denunció Iohannis, tras una reunión de crisis del Consejo Supremo de Defensa Nacional, en la que el Ejecutivo, la Presidencia y otras instituciones abordaron lo ocurrido.

Entre las "deficiencias" a la hora de tratar el caso están "los retrasos injustificados al abrir las investigaciones" y "la actitud refractaria de los empleados de la Policía hacia la víctima", dijo el presidente, además de la falta de cooperación institucional y el déficit de estructuras operativas.

La crisis precipitó la dimisión del ministro del Interior, Nicolae Moga. "He tomado esta decisión para salvar parte del prestigio de esta institución, que se ha visto muy afectada tras las actividades deficitarias de algunos de sus empleados", reconoció.