Un magistrado de larga trayectoria que conoce bien a Manuel Marchena, al que califica de "jurista ejemplar", me expresaba la semana pasada su gran inquietud: "PSOE y PP aciertan de pleno al elegirlo como presidente del Consejo, pero creo que Marchena se equivoca al aceptar un nombramiento que es producto del más impresentable pasteleo político. No le arriendo la ganancia, y bien que lo siento porque es, sin duda, un profesional de enorme valía, pero esto es insostenible, nos han puesto en el disparadero". La preocupación de mi interlocutor era compartida por numerosos y significativos miembros de la carrera judicial, alarmados por la ordinaria colonización de la Justicia emprendida por una clase política necia y demagoga, que elude los más elementales principios constitucionales.

El magistrado estaba en lo cierto. Marchena, un tipo sólido y de vasta formación intelectual, con un expediente jurídico encomiable, había sido utilizado y, aunque reaccionó a tiempo y con su renuncia ha salvado al menos la dignidad, queda la incógnita de por qué aceptó ser moneda de cambio de un bipartidismo de infame conducta. Su aspiración a ocupar el sillón de mando de la judicatura era tan legítima como corta su visión inicial sobre la bajeza ética de los grupos que lo aupaban. Primero lo quemó el PSOE al filtrar su elección, realizada contraviniendo la ley, y, después, lo calcinó el PP, partido que lo promocionaba, con un wasap vituperable distribuido por el todavía portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaban de una supuesta emboscada a los tribunales.

El escándalo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial -ahora paralizada sine díe- ha desvelado, por si había alguna duda, las abyectas intenciones del sanchista Gobierno del PSOE de cara al juicio contra los golpistas catalanes del 1-O, y de un PP en caída y amenazado por las sentencias que sucederán a la primera del caso Gürtel. Pero socialistas y populares han cometido otro inmenso error: exhibir su presunta facultad para disponer de jueces esbirros de sus oscuros intereses partidistas. Una indecente bravata que situaba a Manuel Marchena, en particular, y a la magistratura, en general, en el cráter del volcán.

PSOE y PP no han logrado su vergonzante propósito, pero sí, con el amparo denigrante de los grupos radicales y secesionistas que sustentan al Gobierno, han dinamitado la arquitectura pública de la Justicia, abocada a un tiempo de opaca credibilidad, en lo que también tienen su cuota de responsabilidad el codicioso noviazgo de no pocos miembros de la magistratura con la dirigencia política a fin de acicalar sus carreras. En este asunto, de extrema gravedad, sólo cabe atribuirle honra a Ciudadanos, aunque su sensata actitud sólo represente un pequeño flotador en la creciente ola de destrucción institucional.

La crisis de Estado galopa a lomos de un dragón mecánico manejado por una caterva de políticos que degradan cada día el mejor sistema político que ha tenido España. El pasado miércoles, los rufianes del Congreso rememoraron los negros años treinta.