Se le tiene suficiente estima al lector como para aseverarle que la vida -y el fútbol- es injusta. Hay numerosas situaciones que prácticamente nadie entiende, aunque algunas, ejecutadas en frío, llegan a pensar que se producen para hacer daño. En el último encuentro en casa del Poli Almería, Fran Oller fue expulsado al ver la segunda amarilla "por hacer una finta al ejecutar un penalti, antes de golpear el balón y habiendo finalizado ya la carrera", anulando además el colegiado el gol [hubiese sido el 2-0]. La pena máxima ha sido visualizada por todos, refutando la vista del árbitro. Este periodista ha cogido un silbato en algunos amistosos de niños y no es nada fácil, así que tiene que ser más que complicado pitar en un encuentro oficial de sénior, con todo lo que hay en juego. Es más que entendible que se yerre en fuera de juegos o goles fantasmas. ¡Pero no en esa pena máxima de Fran Oller! El objeto del artículo no es ese lanzamiento en sí, sino la posterior decisión del Juez Único de Competición, que se manifestó hace unos días. Éste acuerda desestimar las alegaciones formuladas por el Poli [anular la segunda cartulina a Oller], ya que "lejos de permitir sustentar la versión de los hechos que sostiene el club, resulta compatible con la versión del colegiado, que es testigo privilegiado al estar a escasos metros de la situación inmejorable para observarla con todo detalle". Las imágenes hablan por sí solas y lo que hace el argumento del Comité no es otra cosa que ensuciar aún más el concepto del colectivo arbitral, que tan difícil labor realiza. Lo que pretende el Juez Único de Competición con decisiones de este tipo es reforzar la autoridad del trencilla, pero sería más aconsejable que estos órganos hiciesen su trabajo real, que no es protegerse los unos a los otros, sino impartir justicia. Y esa decisión no minimiza la injusticia, sino que potencia ésta.