La reputación tiene, al menos, tres dimensiones principales que interaccionan entre sí, en el sentido de que se refuerzan unas a otras. Una es la dimensión eficiente, es decir, la capacidad para hacer adecuadamente lo que se espera de ellas. Otra es la dimensión moral, que implica su realización de acuerdo con valores éticos predeterminados. La tercera es la dimensión social o reconocimiento de la utilidad de su existencia para la sociedad. Las instituciones que funcionan adecuadamente transmiten valores positivos a la sociedad que esta transforma en incentivos y se convierten en piezas valiosas para su desarrollo, gracias a un ingrediente simple, pero fundamental: la confianza. Cuando las instituciones funcionan mal ocurre todo lo contrario.

Cualquier circunstancia que afecte negativamente la imagen percibida de eficiencia, consistencia moral o utilidad social se convierte en un factor de riesgo reputacional susceptible de provocar rechazo. La ofensiva del gobierno para acallar las críticas, previamente disfrazadas de bulos para facilitar su represión, responde a este razonamiento, aunque de forma temeraria por la amenaza sobre la dimensión moral de su reputación. El problema es que la comparación internacional de las "cifras del coronavirus" deja en muy mal lugar la imagen de eficiencia y utilidad social de la gestión del gobierno y, a raíz del incidente con la OCDE, también la ética.

España reaccionó de inmediato a su exclusión de los análisis comparativos que realizaba la OCDE sobre la incidencia y la gestión del Covid-19, enviando directamente sus datos a la organización, en lugar de hacerlo a su debido tiempo a la entidad encargada de recolectarlos. Es significativo que la OCDE aceptase publicar de nuevo su tabla rectificada con datos sobre España procedentes de una fuente distinta a las del resto y que situaba al gobierno entre los más eficientes y útiles del mundo en la gestión de la crisis. Su reputación prometía subir como la espuma, pero luego supimos que había trampa. Los datos enviados no se limitaban a los test PCR, como los demás, sino que también incluían los test rápidos y además no se referían al número de personas testadas, sino al de test realizados. Revisadas las cifras por segunda vez, resultó que España quedaba bastante mal, por debajo de la media de la OCDE, lo que no impidió al presidente utilizar la parte de la información suministrada por la Johns Hopkins University que más interesaba a su reputación sobre comparación internacional, excluyendo el resto, la mayor parte, que claramente la perjudicaba.

También la OCDE sale tocada de este incidente y puede que también la reputación de su secretario general. Su utilidad social surge del indudable impacto de sus informes sobre temas candentes, que la convierte en una institución de referencia internacional y, por lo tanto, eficiente. Entre ellos, los que se refieren a la educación (informe PISA) o la lista negra de paraísos fiscales, tan controvertida a raíz de la crisis financiera internacional, pero incidentes como este pueden tener un importante coste reputacional, si termina afectando a la confianza en su rigor y objetividad.