El empleo para las personas con discapacidad es uno de los grandes retos para la inclusión. En la actualidad, en España, hay 1.840.700 personas con discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 5,9% de la población, su tasa de paro está en 28,6%, 9,1 puntos más que la de la población sin discapacidad, según datos de Odismet, Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. En Andalucía según el informe Argos de junio de 2018, hay 25.058 demandantes de empleo con discapacidad. Las políticas activas de empleo tienen que ir dirigidas a fomentar el empleo público, protegido y el ordinario, con especial incidencia en la mujer con discapacidad. En el empleo protegido se debe fomentar la figura de los centros especiales de empleo de iniciativa social. El desarrollo y aplicación efectiva de la nueva Ley de Contratos con el sector públicos, que prevé una reserva de contratos para estos centros, es también una oportunidad para los mismos. En el empleo ordinario las dificultades de acceso se encuentran en la falta de adaptación de los centros y puestos de trabajo y accesibilidad al entorno laboral. Se hace necesario una mayor vigilancia para el cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de 50 o más trabajadores de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad. Además, para el empleo ordinario, la Junta de Andalucía tiene que continuar apostando por programas de empleo, que tan buenos resultados está dando, como lo demuestran los resultados obtenidos en 2017 por FAAM, a través de Acciones Experimentales y Andalucía Orienta por medio de los cuales se han insertado 410 personas con discapacidad.

Tanto en el empleo protegido como ordinario es clave desarrollar políticas de formación profesional para el empleo como así lo reconoce la Ley 4/2017 de septiembre, de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. Esta Ley contempla, como algo importante desde el punto de vista de nuestras organizaciones, la elaboración, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la misma, en octubre de 2018, de un Plan de empleo que recogerá medidas que incluirán objetivos sobre empleo ordinario, público y privado, empleo con apoyo, empleo protegido en centros especiales de empleo y enclaves laborales. El diseño de estrategias integrales, trasversales y coordinadas que permitan la incorporación al mercado laboral es algo fundamental, en esa batalla para lograr reducir la alta tasa de paro del colectivo, y avanzar hacia la inclusión social de las personas con discapacidad.