Muchas cosas no serán igual después del Covid-19. Videntes e iluminados afinan sus predicciones sobre las grandes transformaciones en las relaciones sociales y económicas e incluso en la geopolítica. Gobernanza y buenas prácticas, más justicia social e igualdad y un salto cualitativo en la preocupación por el medio ambiente y, por supuesto, por la seguridad en las relaciones sociales (aglomeraciones, viajes, etcétera) figuran en la mayoría de los augurios. También se pronostican cambios en el orden económico global y en la praxis política.

La denostada globalización permitió llevar la prosperidad a regiones del planeta (economías emergentes o en desarrollo) que no sólo están consiguiendo escapar de la trampa de la pobreza gracias al comercio internacional, sino también liderar el crecimiento mundial durante dos décadas. Pero esta pandemia y las dificultades de abastecimiento para la industria farmacéutica han dejado en evidencia que la concentración de la producción de manufacturas, componentes y primeras materias básicas en un número reducido de países emergentes puede suponer un riesgo grave de desabastecimiento en sectores estratégicos occidentales. No es descabellado pensar, por tanto, que entre las consecuencias del Covid-19 figure el reordenamiento de las relaciones económicas globales, en el sentido de favorecer la seguridad y garantía de los suministros estratégicos, con el posible reforzamiento de los grandes bloques económicos regionales.

Tampoco las democracias occidentales se salvan de las amenazas de cambio. Los estados, que no es lo mismo que los gobiernos, salen reforzados de la pandemia. China, paradigma moderno del estado autoritario, pero también proveedor de último recurso de material sanitario y de experiencias aprovechables en estrategias contra el virus, se esfuerza y consigue corregir el deterioro de su imagen internacional al comienzo de la pandemia, contribuyendo a transigir en la concesión de poderes extraordinarios a los gobiernos, en detrimento de libertades y derechos individuales. También contribuyen las reticencias de la Unión Europea sobre la intensidad de la intervención en favor de sus socios más perjudicados, que mueven a los ciudadanos a recurrir al amparo del estado protector, entendido como instituciones nacionales (incluidas civiles y privadas) más que como sector público.

En Estados Unidos es un tema controvertido, pero entiendo que, al menos en Europa, la consideración de la salud como un bien público cuenta con apoyo mayoritario y reforzado con el Covid-19. De hecho, comienzan a aparecer reflexiones en torno a la conveniencia de su consideración como bien público de carácter global (The Coming Coronavirus Crisis: What Can We Learn?), dados la velocidad de contagio entre países y el desbordamiento de los sistemas sanitarios nacionales, además de los errores gubernamentales en lugares como Estados Unidos, Reino Unido o España, donde la demanda de unidad patriótica, reivindicación habitual de los partidos cuando gobiernan en tiempos de crisis, se convierte en atizador de críticas, incluidas las inteligentes, cuando más falta hacen. Quizá también haga falta un nuevo 15-M.