Análisis

Iván Garrido Jorquera

La división de poderes y la renovación del órgano de gobierno de los jueces

Decía Montesquieu que todo hombre que tiene poder se dispone a abusar del mismo, obviamente, hasta que encuentra límites. Dicha afirmación, pese al transcurso de los siglos, permanece vigente.

Las sociedades modernas encontraron en la separación de los tres poderes del Estado ese límite al poder de los hombres. El legislativo (Parlamento), el ejecutivo (Gobierno) y el judicial (Tribunales de Justicia); los tres pilares sobre los que se sustenta el Estado, y que gracias a su independencia se controlan y se fiscalizan entre sí, suponen la mayor garantía para un régimen de libertades; el deterioro de ese principio y las frecuentes interferencias de un poder sobre el otro, históricamente del ejecutivo sobre el judicial, han propiciado sociedades de baja calidad democrática. Algunos casos podemos encontrar en la actualidad en la vieja Europa, y Hungría podría ser uno de ellos. Aunque Polonia tampoco sería un mal ejemplo. Tampoco España se salva de ese nuevo autoritarismo revestido, en nuestro caso, de progresía (que no de progresismo) y de los mismos mantras comunistas de siempre, tan manidos y manoseados, pero que vestidos con otro sayo, aparecen ante las nuevas generaciones como algo novedoso, y quizás, quien sabe, incluso atractivo.

El actual gobierno español, formado por partidos de izquierda y extrema izquierda ha dado los primeros pasos para el asalto del ejecutivo sobre el judicial. Y además con la argucia de que se trata de algo de imperiosa necesidad para el buen funcionamiento de nuestra democracia.

La necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial está siendo en los últimos días el caballo de Troya entre los dos partidos del Gobierno, enfrentados entre sí sobre la vía de renovación del Consejo, y a su vez, enfrentados ambos con una oposición totalmente en contra de que se rebaje el quorum necesario para acometer esa renovación, y que la deje fuera de toda decisión. De ahí que la Comisión Europea haya enviado una contundente advertencia al gobierno español sobre el modo en que se percibe la futura renovación del CGPJ. Por su parte, Christian Wigand, portavoz de la Comisión para asuntos de justicia publicaba recientemente un escueto comunicado en el que subrayaba la importancia de reducir la influencia del poder legislativo sobre el judicial a fin de fortalecer la independencia de la justicia.

Preocupado el gobierno encabezado por Pedro Sánchez por legitimar ante la opinión pública su decisión de saltarse la ley mediante modificar leyes anteriores que limitan su poder, en los últimos días estamos viendo una total censura a quien se oponga a ese proyecto; ya el pasado 12 de octubre, día de la fiesta nacional, pudimos ver en TV1 como durante toda la retransmisión solo se habló de Pedro Sánchez y su relación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y sus diferentes puntos de vista referentes a como atajar la preocupante situación respecto al covid; del jefe de la oposición, pese a estar obviamente presente en el patio de la Armería del palacio real de Madrid participando en los actos de celebración del Día de la Hispanidad, ni se habló y apenas se le vio, muestra del propósito de este gobierno de anular toda fuente de oposición política. De la renovación del Consejo General del Poder Judicial queda mucho aún por hablar, pues no está claro que el órgano de gobierno de los jueces pueda ser asaltado a la torera por el poder ejecutivo.

El necesario y natural relevo generacional de ideas y personas, tan sano y tan democrático, no debe suponer abrir discusiones ni conflictos ya superados que impidan la consecución de proyectos iniciados por generaciones precedentes, sino a perfeccionar y adecuar al tiempo presente esos proyectos que deben convergir en una sociedad cada vez más justa, más tolerante y más democrática procurando integrar las diferentes sensibilidades y pensamientos posibilitando con ello que nadie se sienta ajeno a la sociedad en la que le ha tocado vivir.

Cuanta más importancia se conceda y con más pulcritud se observe la separación de poderes mayor será la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Y es que las democracias occidentales actuales no se pueden entender, ni sostener, sin esa división de poderes, que no olvidemos, constituye el mayor sistema de control del poder público.

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