Ayer fue Black Friday, literalmente Viernes Negro, por estadounidenses razones. No fue viernes de dolores, salvo para la Visa, sino de subidón de las conexiones del placer vía consumo. ¿Cómo les fue? Yo salí levemente corneado por las compras propias de esta práctica promocional, importada de EEUU con gran fe: un jersey con un ahorro de un 10%, comprado en tienda y con comprobación de que la rebaja promocional era digna de crédito, y dos atenciones con mi progenie -una por barbilla- de 50 euros, previo compromiso de serles descontados de los regalos de la bacanal navideña y su colofón de los Reyes Magos. En el caso de la progenie, las compras fueron varias con cada asignación de 50 euros... y por supuesto no hubo mostrador ni probador, sino riguroso internet. Aunque se va domesticando uno, cada vez que compro por la red siento un temor y un resquemor: ¿me estarán timando, como aquella vez en que compré tres pares de zapatos Thimberland por menos de 100 euros que, claro, nunca llegaron? ¿Qué pasará si pasado un cierto plazo no llega la mercancía? ¿Podré devolverla si no me queda bien o si me han dado gato empaquetado por liebre en la web? Pero hay sobre todo una pregunta que hacerse ante estas rebajas puntuales, una duda corrosiva que también tenemos cuando, en las tradicionales rebajas de enero o julio, nos dicen que el precio original era, pongamos, 300 y ahora nos piden sólo 70. ¿Esto cómo es?, se dice uno, luchando, con poco éxito, hecho un homo economicus o decisor racional contra el calenturiento consumista que todos llevamos dentro, más o menos restringido por la tiesura o, alternativamente, el desahogo.

Cosas así comentaba esta semana con un maestro jubilado con el que compartí pareja de asientos en el autobús urbano. El hombre conservaba algunas certezas con respecto al papel tutelar y de protección público sobre el comercio, el consumo y la competencia. Ante el engaño de no pocas ofertas en rebajas, patente año tras año sin verdadera persecución y mucho menor castigo al pícaro o al oligopolista, alegaba que "para eso están las autoridades, ¿no?". No pude dejar de recordarle un dato de hace un año: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sólo recauda el 3% de las multas que impone a energéticas, operadoras de telefonía y empresas audiovisuales, que son las que acaparan las infracciones y sanciones. Un dato desolador para la libre competencia. Antes de que mi contertulio de ocasión golpeara con el extremo de su bastón la plataforma del colectivo, se encendió recordándome la vergüenza de las puertas giratorias: los más altos responsables públicos que deben ejercer la tutela de la libertad de empresa -mayormente políticos o afectos- bien pueden acabar recibiendo recompensas de aquellos a quien deben vigilar: y lo sabían, mientras (no) vigilaban. De acuerdo: la CNMC tiene los recursos que tiene -insuficientes-, no se dedica al pequeño comercio, y tampoco tiene capacidad -no sé si voluntad verdadera- de controlar el comercio por internet (¿quién lo tiene? He ahí un nudo gordiano). Los ayuntamientos y las autoridades regionales son los competentes más inmediatos en la materia, con el aliento en el cogote de los encomiables marcajes al hombre de las asociaciones de consumidores, tan indispensables como nunca bien ponderadas: como consumidor, reconforta oír a la Facua, por ejemplo. Al fin y al cabo, se dirán los gobernantes, "el dinero se mueve, con un inevitable porcentaje de fraude. Que se hagan responsables de su consumo los consumidores". Pues sí. Qué remedio nos queda: protejámonos ante un artefacto triple con sus desajustes y fisuras: aquel comercio que sea granuja, los reguladores que no pueden o no quieren y nosotros mismos, los consumidores.