Análisis

Pablo antonio fernández sánchez

Catedrático de Derecho Internacional US

La interminable prórroga con Gibraltar

El BOE del 30 de diciembre de 2021, a última hora, de prisa y corriendo, publicaba una orden, acordada en el Consejo de Ministros, del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, para prorrogar las medidas establecidas en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que terminarían el 31 de diciembre de 2021, si no hubiera existido esta nueva prórroga hasta el 28 de febrero de 2022, para los permisos de circulación de vehículos (artículo 15) y hasta el 30 de junio de 2022, para las cuestiones relacionadas con la seguridad social (artículo 11).

En relación con los permisos de circulación de vehículos, se ha prorrogado la validez de los citados permisos para que sus titulares puedan seguir circulando por España en las mismas condiciones que cuando el Reino Unido estaba integrado en la Unión Europea. Ello incluye a los ciudadanos gibraltareños.

De esta forma, más allá de la circulación temporal de aquellos que visitan España como turistas o desplazados temporales, los residentes británicos en nuestro territorio, incluyendo a los ciudadanos gibraltareños, pueden seguir utilizando el documento acreditativo nacional británico de circulación que esté en vigor y expedido por las autoridades británicas.

En estos momentos, en el proceso de negociación entre España y Reino Unido, hay un proyecto de Acuerdo sobre Tráfico que debe dirigirse a permitir el canjee de documentos e intercambio de información administrativa. Sobre todo, pensando en los residentes gibraltareños en España.

Por otro lado, para las cuestiones relacionadas con la seguridad social, hay que señalar que existe un Protocolo Relativo a la Coordinación en Materia de Seguridad Social, firmado por la Comunidad Europea de la Energía Atómica (una de las Comunidades Europeas que aun perviven en el seno de la Unión Europea) y el Reino Unido, de fecha de 31 de diciembre de 2020, que regula todo el tema de la asistencia sanitaria pero que no es aplicable a Gibraltar. Por tanto, el artículo 11 del Real Decreto-Ley 38/2020 es la única normativa que regula las relaciones jurídicas de asistencia sanitaria de los ciudadanos gibraltareños en España.

Hasta tanto no entre en vigor el previsto Acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido sobre Gibraltar, la coordinación en materia de seguridad social y el acceso a la asistencia sanitaria se sigue regulando por el artículo 11 del Acuerdo de Retirada, que ahora se prorroga. En este sentido, hasta el próximo 30 de junio de 2022.

Esto significa que los gibraltareños con derecho a la asistencia sanitaria, a condición siempre de reciprocidad, tendrán garantías del Sistema Nacional de Salud español para la prestación de la asistencia sanitaria. Los gastos, obviamente, por ambas partes, serán convalidados o reembolsados, con cargo a las entidades prestatarias correspondientes.

Como puede verse, aunque parezca una galimatías técnico-jurídico, de lo que se trata únicamente es de prorrogar dos de las consecuencias sobrevenidas por el Brexit y el Gibrexit, como son la validez de los permisos de conducción y la prestación de la asistencia sanitaria.

Como todos sabemos, las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre la futura relación con Gibraltar, está en estos momentos empantanada y, por lo tanto, hay que prorrogar todos los plazos que se cumplían el 31 de diciembre de 2021. De esta forma, comienza el año 2022 con la puesta a cero de aquellas cuestiones que deberían estar ya resueltas pero que no lo están.

Desde que comenzaron las rondas de contacto entre la UE y el Reino Unido el pasado mes de octubre de 2021, no ha habido avances sustanciales. Los principales escollos se sustancian en la regulación de los flujos de personas y mercancías en los controles fronterizos que, si se quiere hacer desaparecer la Verja, deben garantizarse en el puerto y el aeropuerto.

Se han dado algunos pequeños avances, pero la tarea no es fácil porque afecta a temas de soberanía, por un lado y de integridad del sistema europeo de libre circulación, por el otro. Sin embargo, como puede comprobarse con las nuevas prórrogas afectan a muchos más sectores que requieren regulación y aun quedan por resolver temas ambientales, de seguridad, de transparencia fiscal, etcétera.

Es verdad que las tensiones importantes no están en Gibraltar sino en Irlanda del Norte y, ahora, en las licencias de pesca en el Canal de la Mancha. Esto quiere decir que el Reino Unido, empieza a comprender la dimensión que alcanza el Brexit y que se proyecta sobre el Gibrexit.

Ojalá se puedan tener criterios claros para encarar los intereses de ambas comunidades, en beneficio siempre de los ciudadanos, tanto del Reino Unido como de la UE, y de los ciudadanos de Gibraltar y del Campo de Gibraltar.

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