Los andaluces nos pronunciaremos en las urnas en muy pocos días y, ante la cita del 19 de junio, el tejido empresarial representado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se siente respetuosamente con los deberes hechos. Porque es responsabilidad de los empresarios plantear, analizar y jerarquizar necesidades. Aportar, en definitiva, por el bien común. Así, fruto de un intenso trabajo interno, recabando el sentir de las 180.000 empresas que CEA aglutina, nuestra organización ha presentado un riguroso documento de “Propuestas Empresariales de CEA para una nueva legislatura”. Esta batería de medidas canaliza qué demandan nuestras empresas y qué déficits detectamos quienes generamos empleo.

Es, en síntesis, la voz de quienes hacemos empresa, desde las grandes compañías a los autónomos, pasando por las pymes, que representan más del 95% de nuestro tejido empresarial. Escucharnos como sociedad civil, –dicho esto con toda humildad, pero con firmeza–, es una obligación de la clase política. Porque hay que estar en los problemas reales de la gente, de la calle. Justo donde están las vicisitudes y requerimientos de nuestras empresas.

El horizonte del 19-J encierra otro aún mayor: el que marcan las más de 20.000 empresas que perdimos en la crisis. Empresas que generan actividad económica y empleo, que son el exponente máximo del bienestar de una sociedad. Recuperar esas empresas y consolidar las que han continuado en su actividad debe ser nuestro objetivo compartido y el gran reto de cualquier gobierno. Sin electoralismos cortoplacistas, ni tacticismos. Desde CEA, con nuestras Propuestas Empresariales planteamos a todos los grupos políticos un proyecto para una Andalucía próspera, que nace de la sociedad civil.

Tenemos unos objetivos claros, resumidos en cuatro puntos: hacer de Andalucía un referente para la empresa, incrementando la riqueza económica y social de la región; impulsar las medidas de reactivación económica; defender y promover la libertad de empresa, y garantizar la participación de las organizaciones empresariales en la vida pública.

La pregunta lógica ante estos postulados es cuál debe ser el camino a seguir. Entendemos que la consecución de estos objetivos es posible si, entre todos, somo capaces de sumar para contar con regulaciones claras y previsibles; mantener la estabilidad política, la calidad institucional y la seguridad jurídica, como principio básico; promover políticas que faciliten la actividad económica; alcanzar una fiscalidad que aporte competitividad; promover y defender la unidad de mercado, y hacer una apuesta clara, política y de inversión en elementos clave de futuro: priorizar la educación con formación orientada al empleo, impulso de las infraestructuras pendientes y una necesaria mejora de la gestión administrativa.

El contexto es adverso por muchas razones y no lo obviamos en nuestras propuestas. La reactivación económica sigue siendo una aspiración y no un hecho. Sin embargo, no por ello renunciamos a nuestro propósito de que Andalucía sea inequívocamente un lugar de inversión, con más y mejores empresas. Para eso hacen falta decisiones firmes y una hoja de ruta definida. Necesitamos una política económica que incentive la actividad empresarial y atraiga el talento; que facilite la innovación. Que muestre nuestra realidad exportadora y productiva. Que haga de la sostenibilidad una oportunidad y no un freno a la inversión.

Creemos que es posible profundizar aún más en la política fiscal. Hoy Andalucía está en la zona media de carga fiscal por Comunidades, luego hay margen suficiente para ser territorialmente competitivos. También es posible avanzar en calidad institucional y mejorar nuestra regulación económica. En general, poner en marcha una agenda normativa que encauce en su justa medida, las necesidades de nuestras empresas.

Desde CEA aspiramos a una gran reforma de la Administración, casi a una “revolución” aún pendiente, para que esté al servicio de los andaluces con un modelo ágil y más digitalizado. Ahondando en ello, es imprescindible atraer el talento y la especialización a la función pública. La Administración debe generar por sí misma valor añadido a la sociedad y valor económico a sus integrantes. ¿Cómo se genera valor? Acudiendo a los sistemas de colaboración público-privada, evitando que la Administración opte por prestar servicios sólo con sus recursos propios.

Es precisa, además, la actualización constante de las relaciones económicas entre el sector público y los sectores que le prestan servicio. No se puede estar trabajando con déficit tarifarios, con una inflación, unos costes energéticos y de materiales disparados. Sobre las inversiones productivas, hacemos un llamamiento no sólo a la finalización de proyectos estratégicos, como los corredores ferroviarios, sino a que las que ya están presupuestadas se ejecuten en el período previsto.

En política presupuestaria tenemos que insistir en que, sea cual sea el resultado electoral, es preciso que el 1 de enero de 2023 contemos con

un nuevo presupuesto, que afronte los retos de las inversiones y los costes citados, y sobre todo que facilite la puesta en carga y el pleno desarrollo de los numerosos fondos europeos que tarde o temprano tienen que llegar a Andalucía, para impulsar nuestro sector productivo con eficacia, siendo necesario para ello una adecuada estrategia compartida por todos.

Andalucía tiene músculo y ha demostrado durante la pandemia una capacidad de superación inédita. Nuestro nuevo liderazgo en el número de autónomos y en el volumen global de exportaciones demuestran que Andalucía es muy capaz. Pero para ser un nuevo centro de gravedad económico necesitamos aprovechar las oportunidades.

Nuestro futuro se declina con los verbos reactivar, impulsar e invertir. Confiamos en la altura de miras de nuestra clase política para saber interpretar el comprometido momento que atravesamos y en su imprescindible vocación por trabajar para el porvenir de Andalucía.