Al igual que la mayor parte de la ciudadanía, estoy muy preocupado desde el punto de vista sanitario por la pandemia del coronavirus. Estamos dando palos de ciego de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, cambiando decisiones de un día para otro entre las autoridades sanitarias y las distintas administraciones a nivel nacional, autonómico y local para poder frenar la epidemia. Como sigamos así, vamos a ir a la deriva mientras no haya tratamientos efectivos y vacunas contra el COVID-19.

Limitar el contagio mediante el aislamiento y el confinamiento de la población está siendo la forma más efectiva de luchar contra la pandemia, al margen de los recursos sanitarios de los que se están dotando los hospitales y la labor encomiable de todo su personal.

La propuesta del Ministerio de Sanidad de realizar 30.000 test de forma aleatoria en los hogares españoles, con objeto de establecer pautas para volver a la actividad normal y saber cuándo acabar con el confinamiento, pienso que es una medida insuficiente que poco o nada va a reducir el riesgo de contagio.

Dentro de mi humilde posición, pese a tener una dilatada trayectoria profesional en la medicina, he trasladado una propuesta a varias autoridades de la provincia de Almería (presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz y delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez) para que la tengan en cuenta y que de llevarse a cabo contribuiría de forma notoria a frenar la expansión de la epidemia.

La idea que planteo a grandes rasgos consistiría en realizar test a unidades familiares que tengan una segunda residencia unifamiliar en zonas rurales o costeras, y quieran cambiarse voluntariamente de domicilio durante la etapa de confinamiento y posterior desescalada. A través de estos reagrupamientos familiares, la calidad de vida y bienestar se incrementaría de forma sustancial, conviviendo felizmente abuelos, padres y nietos en un entorno natural que además supondría un gran incentivo para el comercio local de los pueblos. El traslado estaría justificado y se llevaría a cabo una vez que todos los miembros de la unidad familiar recibieran el correspondiente certificado sanitario para demostrar que ninguno de ellos es positivo en coronavirus.

La propuesta tendría un bajo coste económico (solo un test-diagnóstico por persona) y supondría un gran beneficio para la salud mental de la población, además de rebajar la presión sanitaria, trasladar a mayores de las residencias y controlar a la población aislada, entre otras ventajas. Si a cada pueblo de la provincia se trasladaran unidades familiares a doscientas viviendas, por poner un ejemplo, estaríamos alejando de los grandes núcleos de población a cerca de 170.000 personas de cualquier riesgo de contagio.

Evidentemente sería una propuesta a la que no se podría acoger toda la población, pero sin lugar a dudas sumaría positivamente al conjunto de medidas que se están barajando para controlar la pandemia.