El Tribunal Constitucional se ha ido de vacaciones. Su presidente, Juan José González Rivas, suspendió, con buen criterio, el pleno previsto para esta semana, como medida precautoria ante la posibilidad de que se recrudeciera el lamentable espectáculo que han dado estos días los miembros del máximo órgano garante de los hormigones del sistema. No por las discrepancias sobre la ilegalidad o no del primer estado de alarma que implantó el Gobierno, sino por la forma impropia en que se produjo y emitió el dictamen y, sobre todo, por los burdos argumentos y ordinarias expresiones utilizados por algunos magistrados en su voto particular, caso de Conde Pumpido, forzado a presentar disculpas, que constatan la actual mediocridad de una institución inmersa también en la campaña de desprestigio de los organismos judiciales, aunque su función no sea jurisdiccional. El Tribunal Constitucional nunca estuvo libre de contaminaciones políticas, su creación y estructura emanan de la política, pero los condicionantes de militancia que ahora circulan por el edificio de la madrileña calle de Domenico Scarlatti lo sumen en un proceso de descrédito en el que participan de coz y hoz los dos grandes partidos.

No hay institución que esté a salvo. En la indeleble ola de crispamiento confluyen una amalgama de componendas partidistas que atentan, de forma directa o indirecta, contra el armazón de la Carta Magna. Es coyuntural, pero no casual. Los matones de la legalidad campan a sus anchas con el absentismo de un Ejecutivo reo a la vez que cómplice. Defender lo lícito es motivo de acoso. Aplicar la ley es asunto de alto riesgo. A los que disienten con el Gobierno Frankenstein se le extiende el carné de franquistas. A este paso, habrá más que en vida del dictador, aunque ahora maniatados por un Gobierno social comunista, sostenido por una rampante minoría secesionista, a la que favorece una incoherente ley electoral de la que PSOE y PP despotrican cuando están la oposición y se niegan a reformar cuando ocupan el poder. La ofensiva es disparatada y discrecional. Como la desatada por el independentismo catalán y sus copartícipes contra el Tribunal de Cuentas con la intención de oscurecer el doble delito de emplear dinero público para la organización del procés golpista y pretender avalar las sanciones impuestas a 34 ex altos cargos con el peculio del contribuyente, a través del Instituto Catalán de Finanzas, cuyo accionista único es la Generalitat. La reforma ad hoc de este osado tribunal que, ajustándose a derecho, exige fianzas convencionales, bienes o dinero, de los encausados, estará sin duda presente en la mesa de diálogo. Los socios soberanistas de Sánchez no admiten contingencias de este tipo ni de ningún otro que pueda entorpecer sus pretensiones.

Llegará o no a término, pero la desarticulación del Estado de derecho, tal y como fue construido en 1978, está encauzada. Las excavadoras no cesan. Y como maniobra de distracción el Gobierno orquesta patrañas como la de sacar el franquismo de paseo con una ley sectaria en la que no ha participado ningún historiador que merezca semejante título.