La crisis del covid-19 ha cambiado por completo el escenario internacional, situando al planeta ante una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Ante este momento histórico, en Europa se decidió actuar de manera decidida y coordinada y, tras intensas negociaciones, los veintisiete jefes de estado o de gobierno de los estados de la UE han llegado a un acuerdo de recuperación que movilizará una cantidad de recursos inédita. España será el segundo país más beneficiado por estos fondos Next Generation EU 2027, con una asignación total de 140.000 millones de euros para los próximos seis años. El volumen de recursos es de tal envergadura que supera ampliamente la totalidad de los fondos de cohesión europeos que ha recibido España desde su incorporación a las Comunidades Europeas.

En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido con la crisis de 2008, en la que se impusieron férreas políticas de austeridad, la Unión Europea se endeuda en su conjunto para mitigar el impacto económico y social de la crisis a través de programas nacionales de recuperación. Así, por parte de España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado a la UE el pasado 7 octubre por el presidente Sánchez, plantea, a corto plazo, la salida urgente de la crisis y la recuperación del empleo, pero también plantea de cara al futuro una segunda modernización de nuestro país.

El reto en términos generales es mayúsculo: crear 800.000 empleos en tres años y mejorar 2,5 puntos del PIB al año, a través del aumento de la eficiencia del gasto público en cuatro ejes principales: la transición verde, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

A la hora de redactar este Plan de Recuperación se ha sido muy consciente de que la España rural no se podía quedar al margen, razón por la cual sus políticas palancas guardan una plena alineación con los objetivos de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

De este modo, los fondos europeos representan una oportunidad histórica para la superación de la brecha existente entre los ámbitos urbano y rural, especialmente en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes.

Para estos municipios, el Plan de Recuperación contempla una gran cantidad de proyectos con impacto para el reto demográfico, relacionados con cuestiones tan diversas como la mejora de movilidad y la vivienda, la modernización y la digitalización del sector empresarial, la biodiversidad y bioeconomía, las energías renovables, el impulso de las pymes, el despliegue de banda ancha y 5G, la digitalización del sistema educativo, la extensión de la educación de 0 a 3 años o la mejora de las políticas de cuidados en el mundo rural.

No obstante, es importante señalar que la UE, en esta ocasión, no plantea transferencias directas en función de la población de cada territorio, por lo que la llegada de fondos dependerá de que las distintas administraciones, especialmente comunidades autónomas y municipios, sean capaces de presentar proyectos estructurados y viables.

Por ello, ahora es el momento del trabajo en equipo, de dejar de lado la ideología y los intereses políticos, para que exista la mayor colaboración posible entre las distintas administraciones y el sector privado, y que ésta dé como resultado una ejecución de los fondos correcta y lo más rápida posible, que permita la creación de empleo, el refuerzo de la sanidad y la educación y la cohesión territorial y social de nuestro país.