Escribo esta columna el día que se cumple el 43 aniversario de la Constitución. Una fecha que los demócratas debemos de celebrar independientemente de cualquiera que sea nuestra ideología. No me parece adecuado esa moda de autodenominarse constitucionalistas que han adoptado algunos partidos, como si los demás no lo fueran. Lo importante de las leyes no es que te gusten o te dejen de gustar, sino que se cumplan. El sometimiento a lo establecido en la Constitución es requisito indispensable para participar en la vida política y todos los partidos políticos que ocupan escaños en el Congreso de los Diputados desde VOX hasta Bildu, son organizaciones constitucionales. Autocalificarse de constitucionalista sobra. Dicho esto, es cierto que para algunos puede ser un texto que se haya quedado marchito con el tiempo, mientras que para otros sea un texto sagrado que no admita modificación alguna. Ni la Constitución es infalible contra viento y marea, ni hay que hacer borrón y cuenta nueva. Los tiempos cambian y en la propia Constitución está previsto que pueda ser modificada, siguiendo unas reglas, en la medida que sea necesaria su adaptación a los cambios que, por naturaleza, se producen en la sociedad. Quizás sea por el deterioro que últimamente estoy percibiendo en la sanidad pública, y cierta tendencia a la privatización en algunas comunidades autónomas, creo que la salud no está suficientemente protegida en nuestra Constitución. Una reforma que me parece conveniente, sería modificar la Carta Magna para incluir el derecho a la sanidad pública en la sección primera del capítulo segundo, donde se reconocen los derechos fundamentales de la persona. Por el momento, la protección a la salud aparece en el capítulo tercero que no habla de derechos, sino de los principios rectores de la política social y económica, que viene a ser lo mismo que una declaración de intenciones. Es cierto que desde la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011, la sanidad pública se ha consolidado como un derecho, pero se trata de un derecho regulado por leyes ordinarias, cuya modificación está a merced de futuros gobiernos. Su elevación a derecho constitucional, como lo está la educación, es necesaria para que ningún gobierno pueda ponerle límites. Aunque parezca imposible que tal cosa pudiera suceder, no estaría demás otorgar rango constitucional al derecho a la sanidad pública asegurando su permanencia.