En esta asimétrica España, no hay semana de quietud a nivel de sociología política, siempre estamos humedecidos de conflictos de identidad nacional y de una elevada falta de respeto entre los poderes del Estado y dentro de estos, entre la diversidad de centros directivos que gozan en la gestión de autonomía y autogestión para la toma de decisiones.

Cualquier hecho por poca importancia que pueda tener se impregna de un dramatismo mayestático para inyectar en la ciudadanía un desencanto cada vez mayor en la gobernanza de los partidos políticos, al considerar que quienes ejercen la gestión o la oposición no lo hacen con el recto proceder y el bien común que debe de prevalecer como condición "sine qua non" en todos los servidores públicos.

Es de suma importancia criticar según el saber y entender de cada persona todo aquello que consideremos que debe de ser mejorado, siendo esta conducta social de libertad de expresión el adalid de un sistema social de convivencia democrática. Pero no es muy entendible, desde la razón de Estado que debe prevalecer en los poderes de Montesquieu, que los de carácter político critiquen con desaire, faltando a la lealtad institucional al Poder Judicial, intentando con ello desacreditarlo, poniendo en tela de juicio el incumplimiento del principio de legalidad que prevalece en la toma de decisiones judiciales. Todas las medidas políticas y judiciales están sometidas a la crítica pública amparándonos en la "despellejada" Constitución Española. Pero rechazo con firmeza aquellas críticas electoralistas que proceden de ámbitos institucionales con elevadas responsabilidades públicas, que todos los días están cuestionando y poniendo en entredicho el sistema judicial, quebrando con ello el Estado de Derecho.

En fin, el "no es no" y me indigna la resolución judicial recaída en los delincuentes de "La Manada"; y es terrorismo lo de Alsausa; por eso exhorto a la prisión permanente revisable; pero tampoco me agrada que en el Real Decreto, en el que se declara el cese de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se indique "agradeciéndole los servicios prestados"; ni que en el preámbulo de la Ley de Contratos se diga de forma insistente, que la nueva normativa se hace para "aclarar" las normas vigentes, como queriendo justificar el por qué ha habido tanta corrupción política; ni que toda la vida socio-política se judicialice.