Cuando avanzaba la configuración del estado autonómico prediseñado por nuestra Constitución, resultaba complicado definir y justificar nuestro modelo de estado en cuanto a su estructura territorial. El derecho comparado ofrece muy distintas variantes entre el modelo de estado unitario puro, que aglutina todas las competencias y limita la capacidad de gestión de sus diferentes territorios, y aquel otro más descentralizado, que otorga mayor autonomía entre sus territorios. Entre estos modelos, la opinión más compartida es la que identifica los orígenes de nuestra estructura con un estado descentralizado autonómico que ha evolucionado a un modelo cuasi federal. Este proceso autonómico diseñado que tenía en cuenta a los diferentes territorios y reconocía sus diferencias históricas, sociales e, incluso, normativas, fue producto de un esfuerzo intelectual y de un consenso político que son dignos de elogiar, primero a los padres de la Constitución y segundo a la clase política existente durante la transición española. Hoy muchos estamos convencidos de que el modelo territorial configurado en la Constitución del 78 se ha visto deteriorado con motivo de una paulatina evolución hacia una descentralización más acusada y, muchas veces, desequilibrada y desproporcionada entre territorios. Esto último llama poderosamente la atención cuando ya se previó este escenario: el principio de solidaridad interterritorial, la prohibición de establecer privilegios económicos o sociales entre los diferentes Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y la imposibilidad de generar desequilibrios económicos y sociales entre las diversas partes del territorio español están estrictamente recogidos en el artículo 138 de nuestra Constitución.Desgraciadamente, en nuestro país contamos con numerosas regiones vinculadas con un nacionalismo que ha tenido un papel político fundamental en la formación y en la estabilidad de varios gobiernos centrales, alcanzando, gracias a ello, un mayor desarrollo para sus territorios y mayores cuotas de autogobierno, llegando incluso a ostentar la titularidad de competencias que originariamente no les fueron atribuidas y que le son transferidas por criterios políticos y no de eficacia o proximidad al ciudadano. Todo ello, además de las desigualdades propias que ha generado entre territorios, ha derivado en un desarrollo institucional de la Administración Pública Española, en su conjunto, que la hace única, por su tamaño, desde el punto de vista de organización territorial a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de las concesiones realizadas o por causa de las mismas, parece que este sistema no le place a nadie.