EL insólito cambio de posición del Partido Nacionalista Vasco en relación con el aborto ha hecho posible que el Gobierno, que ya contaba con el respaldo incondicional de IU y Esquerra Republicana de Cataluña, saque adelante la reforma legal que implantará en España la ley de plazos. Lo logró ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso y lo confirmará la semana próxima en la correspondiente sesión plenaria. De este modo, los socialistas verán satisfecho su designio de sacar adelante iniciativas que, sin responder a una demanda social notable, sostienen un pedigrí progresista que otras actuaciones de la política cotidiana desmienten y le permiten aglutinar en torno suyo a diversas formaciones políticas y aislar a la derecha. En el caso del aborto se instaura en España la ley de plazos, que asegura a cualquier mujer embarazada el derecho a abortar dentro de las primeras catorce semanas de embarazo. Se incluye en este nuevo derecho a las menores de edad de entre 16 y 18 años, equiparando el aborto a otras intervenciones quirúrgicas desprovistas de sus connotaciones. La cautela -solicitada por el PNV y otorgada por el PSOE para granjearse el apoyo nacionalista a la reforma- de que las adolescentes deban informar a sus padres o tutores acerca de su decisión de interrumpir el embarazo deja de ser tal desde el momento en que se establece automáticamente la excepción: no tendrán dicha obligación cuando ellas mismas aseguren con fundamento que la comunicación les acarrearía conflictos, coacciones o amenazas en su entorno familiar. La flexibilidad con que estos supuestos pueden ser aplicados amenaza con convertir la nueva ley del aborto en una vía abierta para los abortos de menores. Precisamente la reforma de la ley vigente se ha explicado en ocasiones como una fórmula para evitar el coladero que supone en ella el llamado tercer supuesto (la afección a la salud psíquica de la madre). Realmente la ley de plazos, tal como está concebida, parece la expresión de una voluntad gubernamental de establecer un sistema de barra libre para la interrupción del embarazo, concebida como un derecho omnímodo de la mujer.