Lo aprendí hace mucho tiempo, y creo que es un aforismo que tiene plena validez: "De internis nemo iudicat", y añadían, para dar más valor a esa aseveración: "ni siquiera la Iglesia". De hecho puede haber grandes incongruencias entre lo que alguien piensa y lo que alguien diga. A eso se le llama "mentir". "¿Has sido tú?", podemos preguntarle a un niño ante un jarrón roto. Y el niño va y dice que no, que él no ha sido, aunque sabe que su balonazo fue el culpable. O también se le llama "hacer falsas promesas". "Te querré toda la vida" se dicen los enamorados. Y bueno, ya sabemos algunos de los resultados poco tiempo después. En el fondo a veces hay una fuerte disonancia entre lo que se dice y lo que se piensa, y ¿qué hacer ante tal situación? A nivel estrictamente privado uno tiene el derecho de creer o no al que habla, o asumir, o no, unas promesas. Ahora bien, ¿es extrapolable esta situación a la esfera pública? A nivel judicial (aunque sé que no es este mi campo) la presunción de inocencia, de la que tanto se habla, tiene como base no condenar a nadie si no se dispone de las pruebas adecuadas; y si el acusado dice "yo no he sido" y no hay pruebas en su contra, hay que aceptarlo aunque se alimenten serias dudas sobre su veracidad. En el caso de la política, que es el que finalmente me ocupa ahora, está claro que los electores tienen pleno derecho a creer o no al político que desde la tribuna o desde los medios alardea de éxitos y promete algo menos que la luna. En esa confianza se basa la decisión final del voto. Ahora bien, esa prerrogativa que tienen los electores ¿es aplicable también al caso de las instituciones? Es decir, ¿tienen las instituciones capacidad de repudiar, incluso de expulsar, a personas de las que simplemente sospechan que están mintiendo? Con exordio o sin él, cuatro diputados y un senador han terminado contestando a la pregunta de si jura o promete guardar la constitución, con un "sí, prometo". Si a partir de ese momento no han actuado en contra de los preceptos constitucionales y de las leyes que los desarrollan ¿hay razón suficiente para no otorgarles la condición de diputado o retirársela? Es obvio que tienen derecho a pensar que esa constitución no es la adecuada (de hecho lo están diciendo muchos políticos) y que tienen como uno de sus objetivos modificarla. Pero ¿es esto suficiente para presumir que de ahora en adelante van a actuar en contra de la constitución hasta que no la hayan modificado?