Nuestro país, como el resto del mundo, está viviendo un cambio de época, una revolución. Sin embargo, antes de avanzar debemos plantearnos si el sistema que disfrutamos es viable o, por el contrario, está condenado al colapso. A este respecto señalaré varios interrogantes.

El primero de ellos, las pensiones. El sistema público de pensiones ya supone un gasto mensual superior a los 10 mil millones de euros para los más de 9 millones de perceptores que hay en nuestro país. ¿Es viable un sistema en el que la pensión media que se paga supera el sueldo medio? ¿En el que un tercio del presupuesto anual va destinado al pago de pensiones? ¿En el que el paro juvenil ronda el 35%?

El segundo: sector público. Actualmente España cuenta con 3,4 millones de funcionarios (en Almería trabajan 40.000). El sistema de oposiciones y la consabida estabilidad y seguridad que goza un funcionario público está previsto para, uno, asegurar que entren los mejores y, dos, para evitar que puedan ser removidos de su cargo por discrecionalidad política en aras de conseguir la máxima objetividad y neutralidad en el desempeño de sus funciones. Respecto de este sistema cabe preguntarse: ¿Hemos pecado de un inmovilismo o un proteccionismo malentendidos? ¿se exigen cursos de actualización de conocimientos? ¿se elaboran cuadros de medición del rendimiento? ¿Por qué los jóvenes, en su mayoría, quieren ser funcionarios? Desde luego, lo que no cabe duda es que nuestro país no incentiva el emprendimiento como debiera.

El tercero, gasto político y supervisión adecuada. Cierto es que los últimos años se han realizado esfuerzos notables en controlar el gasto y la corrupción, pero no avanzaremos hasta que se planteen órganos independientes de control y fiscalización objetivos y con recursos suficientes para perseguir las distorsiones que se producen. No voy a entretenerle plasmando aquí los innumerables escándalos que hemos padecido desde principios de nuestra democracia, pero sí que preguntaré ¿cuántos indultos se han concedido por los distintos gobiernos y a quienes se han concedido? ¿Se les han exigido respuestas y responsabilidades a aquellos que han hecho y desecho a su antojo?

Una sociedad no puede prosperar si no tiene una justicia independiente, una base económica sostenible y un sistema igualitario para los ciudadanos. Nuestro sistema necesita un cambio y cuanto antes nos pongamos manos a la obra menos gravosa será la condena para nuestros hijos.