Castigo al diésel

Los fabricantes falsearon la contaminación, las autoridades no controlaron los datos y los consumidores pagan la factura

Es muy loable que el Ayuntamiento de Madrid quiera reducir la alta contaminación que sufre la capital del reino. Asunto que conocemos, con resignación, porque los llamados medios nacionales nos lo han contado hasta la extenuación. (Para muchos de ellos España se termina en la Puerta de Alcalá. Cuando Madrid se resfría, informativamente, en el resto de España sufrimos una pulmonía). Una de las cosas que llama la atención de los planes de contención de Madrid Central es que se discriminará a los vehículos diésel y gradualmente se les impedirá circular.

Es curioso, porque el de gasoil era el coche que menos contaminaba y por eso su combustible tenía una fiscalidad más baja que la gasolina. Hasta el punto que de los 23 millones de turismos que circulan por España, 13 millones son de gasóleo. Pero resulta que los fabricantes estaban falseando las emisiones reales de dióxido de nitrógeno. Algunos constructores han recibido multas, pero las autoridades no han asumido ninguna responsabilidad por su escasa diligencia en el control. Al contrario, los gobernantes pasan esa cruz a los ciudadanos, para que sean ellos quienes paguen el fraude masivo medioambiental. Y serán castigados doblemente, sin poder circular por las grandes ciudades que cuidan la pureza de su aire y vía precio de los carburantes, aunque sean los únicos inocentes: ni falsearon los datos, ni tienen la culpa de la falta de control.

En Francia un movimiento sin precedentes, que se queja de esto mismo, tiene contra las cuerdas al presidente Macron, a quien cabe ya vaticinar el mismo destino que a su predecesor y mentor Hollande: un solo mandato y a la calle. Los chalecos amarillos, automovilistas en pie de guerra por la subida del carburante, se han instalado en las rotondas, cortado las circunvalaciones de las ciudades y manifestado cada sábado por los Campos Elíseos. En total, un millón de personas ha participado en esta rebelión de indignados. Se trata de un pronunciamiento casi espontáneo, rural y urbano, que muestra un enorme malestar social de la Francia que no llega a fin de mes.

La subida de los combustibles en el país vecino, como en España, se enmarca dentro de las políticas disuasorias para preservar el medio ambiente y castigar a los vehículos más contaminantes. Sea bienvenida la batalla para limpiar la atmósfera, pero mientras las marcas y las autoridades se van de rositas, los consumidores se quedan pagando la factura.

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