La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el miércoles día 27 de noviembre, entre otros reales decretos-leyes, con 50 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, publicado en el BOE el día 5 de noviembre.

Está muy bien que durante estos días pasados, el 29 y 30 de noviembre, la Puerta de los Leones haya estado abierta para poder visitar el hemiciclo de la Carrera de la San Jerónimo, sede de la Cámara Baja, con motivo del Día de la Constitución el día 6 de diciembre, y los ciudadanos puedan visualizar el patrimonio artístico e histórico de la sede parlamentaria desde 1850. Pero la aprobación del referenciado real decreto ley es un paso más en el retroceso en materia de libertades, y sobre todo uno especialmente grave, al afectar a un derecho amparado en el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión y la libertad de información. Llama la atención, que este real decreto ley haya sido aprobado por quienes dicen llamarse constitucionalistas, y otros, que habiendo criticado abiertamente la "Ley Mordaza", se han abstenido para no hacerle un "desplante" ante un posible acuerdo de gobierno en la legislatura, que comenzará a andar mañana martes, 3 de diciembre, con un botón nuevo que permitirá al gobierno de turno un control total y absoluto sobre las comunicaciones y sus voces con la creación de un mecanismo o artificio legal de estado de excepción digital, sin intervención previa del orden jurisdiccional competente en la materia.

La Constitución tiene artículos ante urgencias constitucionales para imposibilitar cuestiones de ilícitos penales para ahora con carácter político arbitrario, censurar opiniones diferentes al "status quo progre ", diciéndonos a los españoles de a pie, lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es información y lo que no es información, sin audiencia al presunto infractor, con el cierre de webs o secuestrándolas mediante el "ordeno y mando" gubernamental, propio de estados totalitarios.

No es ético utilizar el real decreto como se hace y, menos aún, para regular cuestiones que no estén basadas en la extraordinaria y urgente necesidad y, a mayor abundamiento, afecten a los deberes y libertades de los ciudadanos.