Las comisiones de investigación se han convertido en auténticos espectáculos circenses que carecen de sentido cuando ya existe un órgano judicial que está instruyendo una causa. No hay demostración más palpable de que la política aspira a entrometerse en todos los ámbitos de la vida. Hemos disfrutado de comisiones de investigación en casos muy sonados: caso Bankia, caso Pujol, caso ERES, etc. ¿Para qué han servido? Desde el punto de vista práctico para nada. Bueno, para una cosa sí: Para que el partido que las proponga lo anuncie a bombo y platillo y para que el resto se sume a la iniciativa ante el riesgo de parecer que no apuesta por la transparencia y la legalidad y hacer escarnio, faltando en muchas ocasiones al respeto, del compareciente.¿Quién tiene autoridad pública para hacer valer la ley? El juez. Nadie más. ¿Por qué entonces la política sigue aspirando a suplantar y a inmiscuirse en todas las facetas de la vida, léase en los medios de comunicación, en la justicia, en la familia..? Partamos de la base de que todo acto público y privado está sometido al imperio de la ley, el cual emana del poder legislativo. Es esta una premisa que podría ayudar a comprender la mecánica de las cosas. Pero no todo es "politizable", ni debe serlo. Ni mucho menos un asunto que está judicializado. La política aspira a controlar el devenir de los acontecimientos, necesidad que responde al objetivo único de sobrevivir. Y la mejor manera de asegurar la supervivencia es acaparando poder, entendido este como la capacidad de hacer y deshacer. El ejemplo más palmario lo tenemos con los indultos, una patada a la división de poderes, una vergüenza para la democracia y el estado de derecho, y una tomadura de pelo para cualquier ciudadano que se haya creído la milonga de que las leyes son iguales para todos. ¿Existe mayor poder en un ejecutivo cuando el mismo decide si una sentencia judicial se ejecuta o no?La política bien entendida es útil para nuestra sociedad, sin duda. Pero es necesaria una política que defienda al interés general, primando la autonomía personal y la libertad de los individuos sobre los partidos y las siglas, y una política que sea respetuosa con aquellos poderes que se presuponen independientes y cuya misión fundamental es la de controlar y fiscalizar, so pena de que exista un poder que no encuentre límites a su capacidad de actuación. No necesitamos pastores que se vendan como salvadores de la comunidad, ni sobre indultos ni aquellos que solicitan comisiones de investigación que no servirán de nada; una política más útil, que no viva tanto de aparentar como de obtener el mayor rendimiento posible de los recursos públicos. Todo lo demás, sobra.