Cada político realiza propuestas que entiende que mejorarán la calidad de vida de sus conciudadanos. La primera de las líneas en las que se mueve un servidor es apostar por el medio ambiente y una política energética eficiente: el Ayuntamiento debe realizar un estudio sobre energías renovables para sus dependencias e instalaciones. Gozamos de muchas horas de sol que podría suponer un ahorro significativo, además de contribuir al sostenimiento del medio ambiente. La segunda sería tratar de hacer de Almería una ciudad mejor conservada. Se viene produciendo un aumento de actuaciones incívicas que abarcan desde la destrucción de mobiliario urbano (deterioro de bancos, señales de circulación, semáforos), pasando por el arrojo de desperdicios a la vía pública (envoltorios, latas, pipas, comida, heces y orines de animales), hasta las pintadas y grafitis (en edificios públicos y privados, incluso en el mismo suelo). En definitiva, una carencia de empatía por el prójimo y por aquellos bienes que son de todos, porque muchos de nosotros olvidamos (me incluyo) que cada acción que realizamos en este sentido tiene una consecuencia directa en nuestro bolsillo, sin contar además con las que genera en otros sectores, como el turismo por ejemplo. A ningún visitante le agradará encontrarse con una ciudad donde los semáforos están pintarrajeados, las señales rotas o torcidas, donde se produce el robo de barandillas en monumentos significativos, los desperdicios campan a sus anchas en los parques o las pintadas adornan cada pared de la ciudad. Desde este ayuntamiento se ha aprobado recientemente la creación de una ordenanza de convivencia ciudadana. Creo que, además de tipificar y penalizar conductas incívicas, debemos hacer mucha pedagogía en especial en nuestros jóvenes. Por estas razones propuse al equipo de gobierno la organización de un concurso entre los alumnos de Secundaria de nuestros colegios e institutos para concienciar sobre el contenido de esta nueva norma. Por último, aplicar una fiscalidad eficiente. Numerosas sentencias han dado lugar a que no sea exigible la plusvalía municipal para el caso de que no se haya producido un incremento real del valor de la vivienda transmitida o cuando la cantidad a pagar supera la ganancia obtenida. Es incalculable la cantidad de tiempo y dinero que empeñan tanto los particulares como la administración en comprobar y ajustar el impuesto. Hace falta una norma justa y definida que ponga fin a los costes de la litigiosidad y faciliten la vida al vecino.