Entenderé por "consecuencialismo" la actitud de prever las consecuencias que pueden seguirse de las decisiones tomadas, y actuar de acuerdo con ellas. Parece ser una actitud que debería acompañar a todo ser que se pretenda racional. Dejarlas de lado es propio de arriesgados, inconscientes o incluso botarates. Es razonable analizar qué puede pasar si uno se somete a una intervención quirúrgica, sopesando las posibilidades de éxito en función de los datos estadísticos; es razonable pensar en qué pasará si uno cambia de trabajo, de domicilio o de ciudad; y no extraña que el Congreso de los Diputados tenga en cuenta qué resultado puede seguirse en caso de aprobar o de derogar una ley. Cualquier otra forma de actuar nos parecería cuando menos inadecuada. Ahora bien, ¿es también razonable extender este comportamiento a todo tipo de actividad humana? En concreto, ¿deben tener en cuenta los jueces las consecuencias que se siguen de sus sentencias? ¿De todas las sentencias? ¿Y todas las consecuencias? A nadie extrañará que plantee estas preguntas ante las reacciones derivadas de la decisión de la jueza Lamela. Las hay de todos los colores: desde apoyo sin fisuras, a desacuerdos por la no adecuación de la misma con determinados aspectos jurídicos. Todas tienen su fundamento. Ahora bien, las que más me han llamado la atención son las criticas que se han vertido porque no se producen en el momento adecuado, y las consecuencias de índole socio-política que se derivan hace que se las considere, como mínimo, inoportunas. No me parecen muy acertadas esas consideraciones. No creo que los tiempos y las decisiones de la administración de justicia tengan que depender de posibles consecuencias en esos ámbitos. Lo más curioso es que muchas de esas críticas han sido vertidas por los que se rasgan las vestiduras (con razón) por la politización de la justicia.¿Dónde se encuentra ahora la politización? ¿En las decisiones de la jueza, o en las pretensiones de sus críticos de retrasar y modificar las decisiones? Por el momento, y es mi opinión, si la gravedad de los hechos juzgados es tal, y han sido perpetrados por autoridades públicas, no se admite dilación. La intervención de la justicia ha supuesto la entrada en el ámbito electoral de un nuevo elemento. Las cosas han cambiado. Pero, juguemos a los contrafácticos: ¿Qué habría pasado si no se hubiera producido esa intervención?