El artículo 27 de la Constitución es un ejemplo paradigmático del esfuerzo por superar las ásperas diferencias entre españoles, un precepto redactado con cuidado para satisfacer aspiraciones que fueron irreconciliables. Una norma compleja que garantiza el "derecho-libertad" a la enseñanza, al margen de injerencias estatales; y el "derecho-prestación" a la educación, es decir, a recabar del Estado la implementación de un sistema educativo respetuoso con los principios democráticos. Y debe decirse que ambas facetas de este derecho fundamental presentan una conexión íntima, derivada de la propia configuración constitucional de sus respectivos contenidos, pero también de la coherencia de la propia norma fundamental, porque el art. 27 no vive aisladamente, sino que conecta con las demás libertades reconocidas y con la igualdad efectiva que el Estado debe promover. En este marco constitucional se justifica la educación concertada. El apartado 9 de este artículo obliga a los poderes públicos a prestar ayuda ("ayudarán") a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. El Estado no puede limitar la libertad de los centros que pretendan acogerse a estas ayudas para conformar su propio ideario, precisamente porque el constituyente, mediante esta previsión, ha pretendido configurar un sistema educativo gratuito no exclusivamente público, de forma que la libertad de enseñanza encuentre pleno desenvolvimiento en él. Esto no significa, obviamente, que la ley deba articular todas estas ayudas a través de la educación concertada que hoy conocemos, pero sí que ha de orquestar un sistema que garantice eficazmente tal exigencia constitucional. La escuela concertada es, pues, parte esencial del sistema educativo. Y, como tal, al margen de consideraciones jurídicas, debe sentirse concernida en la formación de una ciudadanía plural y crítica. Si opta por participar en la melé política cerrando filas con una opción, en lugar de promover el debate en su seno, no solo excluirá injustamente a muchos de quienes la integran, sino que dificultará la permeación de sus ideas en espacios amplios de la sociedad. Por eso sorprende tanto que los colegios concertados expresen su disconformidad con la ley de educación, aprobada por el parlamento, mediante enormes pancartas en sus muros. Con algo más de sosiego, quizá, la decisión habría sido otra. Nunca es tarde, sin embargo.