El callejón del gato

Un Decreto Ley es de obligatorio cumplimiento

No tengo por costumbre tratar sobre el mismo tema dos semanas seguidas, pero está dando tanto de sí el decreto ley sobre el ahorro de energía, que invita a analizar sus efectos desde distintos puntos de vista. Hoy no voy a referirme a su contenido, del que ya expresé mi opinión, sino a ciertas intervenciones de las comunidades autónomas, pretendiendo inmiscuirse en un procedimiento que no les corresponde. Mucho se ha hablado y se ha considerado necesario que el Gobierno tenía que contar con las comunidades autónomas para dictar el real decreto. Y yo me pregunto: ¿Acaso el poder legislativo es competencia de las comunidades autónomas? Un decreto ley dictado por el Gobierno por razones de urgencia, deberá ser sometido al Congreso de los Diputados para su convalidación o su derogación. Con quienes tenía que haber contado el Gobierno, en todo caso, es con los grupos parlamentarios que componen la cámara, con el fin de obtener los apoyos suficientes para su convalidación. Nada se ha dicho y nada sabemos sobre las negociaciones que haya hecho el Gobierno con dichos grupos y todo parecía que quienes tenían que dar el visto bueno eran las comunidades autónomas. Presionado por el ambiente, el Gobierno ha accedido a mantener una reunión con sus representantes, que jurídicamente no ha producido ningún efecto, pero políticamente ha proporcionado a las comunidades autónomas un protagonismo en materia legislativa que no les corresponde. Todo parte del guirigay que montaron ciertos presidentes de comunidades, a raíz del comunicado de Díaz Ayuso anunciando que en Madrid no aplicaría el decreto ley de ahorro energético. Como viene siendo habitual, cada vez que la presidenta de Madrid se posiciona contra una norma jurídica, pone firme a la tropa. A Núñez Feijó, que se pronunció hace cuatro días a favor de las restricciones energéticas, le ha faltado tiempo para cambiar el paso, y el coordinador general del PP, Elías Bendodo, asegura que cada comunidad autónoma puede decidir si aplica o no el decreto ley. A ver si nos aclaramos. Un decreto ley dictado por el Gobierno por razones de urgencia es de obligado cumplimiento y son las Cortes Generales, no las comunidades autónomas, quienes tienen competencia para su convalidación o derogación (artículo 86 de la Constitución). Mal andamos si el principal partido de la oposición, con opción de gobierno, incita a las comunidades autónomas a incumplir la Constitución con tanto descaro.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios