Que la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos cometidos por los independentistas catalanes haya sido condenatoria no creo que haya sorprendido a nadie. Ni siquiera a los propios separatistas. Tanto es así que sus seguidores ya estaban anunciando las movilizaciones que tenían previstas para cuando el Supremo se pronunciara. Y un discurso como el que soltó Quim Torra, apenas conocer la sentencia, no se prepara en cinco minutos. La única cuestión sobre la que se podría tener alguna duda era en cuanto a la calificación del delito. Mientras que la fiscalía calificaba los hechos como un delito de rebelión, para la abogacía del Estado, tales hechos constituían un delito de sedición, y en ese sentido se ha pronunciado El Tribunal Supremo, descartando la rebelión. Hay hechos cuya calificación delictiva está tan clara, que a nadie se le ocurriría convocar una manifestación en contra de una sentencia condenatoria por un asesinato cometido a la luz del día. Pero hay otros delitos cuya tipificación precisa que concurran una serie de circunstancias que por sí mismas no serían condenatorias y es fácil confundir al personal negando que tales hechos puedan ser penalizados. Ni convocar un referéndum, como dijo Junqueras en su declaración, ni declarar la independencia de un territorio, se puede decir que sean delitos. Pero es preciso contar con los medios legales para llevarlos a cabo. Por ahora nuestra Constitución establece que la competencia para convocar un referéndum pertenece al Estado y en ningún caso está prevista la declaración de independencia de una parte del territorio. Los condenados por el "Procés" consiguieron controlar el Parlamento y el Gobierno en Cataluña, porque son ciudadanos españoles y se sirvieron del sistema establecido en la Constitución. Como ciudadanos españoles, están sometidos a las leyes españolas en su totalidad y no sólo para aquello que les interesa. Utilizar un poder que se obtiene gracias a la Constitución para actuar en su contra es, en términos coloquiales, una traición al Estado que merece estar tipificada como delito en el Código Penal. Con frases como "derecho a decidir", "presos políticos" y otras falacias es fácil confundir al personal que se manifiesta porque no ve delitos en el comportamiento de los condenados. Pero Quim Torra lo tiene tan claro que ni convocará un referéndum ni declarará la independencia porque él sí sabe que son delitos que pagaría con años de cárcel.