No es preciso ser analista político para observar la menguante calidad de la democracia española. La dinámica de este sistema de gobierno en España muestra signos de agotamiento. La evidencia de los hechos no deja margen a la esperanza porque quienes han prometido o jurado defender el orden constitucional y la democracia son los mismos que socavan los cimientos de este régimen que durante cuarenta y cuatro años ha procurado, con aciertos y errores, una estabilidad política y un desarrollo económico y social sin paragón en nuestra historia.

Los más agoreros sostienen que cuarenta y cuatro años son muchos, demasiados para el historial de nuestra accidentada convivencia. Sea como fuere es la primera experiencia ininterrumpida de democracia instalada con el consenso de los representantes del pueblo. Desde hace años el desgaste de las Instituciones invadidas por el sistema parasitario de sucesivos gobiernos ha desprestigiado el equilibrio de poderes que sustenta a cualquier sistema democrático. De manera sostenida se vienen produciendo descalificaciones sobre la Administración de Justicia por miembros del Gobierno que desde una ideología totalitaria no conciben la separación de poderes del Estado. Traspasando todos los límites abogan por instaurar una Justicia controlada por el estamento político. La pieza clave para esta estrategia es el CGPJ. El nombramiento de la que fuera Ministra de Justicia como Fiscal General del Estado y la actitud de esta alta representación de la Justicia en asuntos que conciernen directamente al Gobierno, descalifican de facto una democracia donde el poder ejecutivo manosea a su medida para prolongar su precaria estabilidad política y parlamentaria .Se entiende así la obstinación del Gobierno por no alterar el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ y el bloqueo de este Órgano decisivo para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. La reforma de la ley impulsada por PSOE y Podemos que impide al CGPJ el nombramiento de magistrados ha llevado al Tribunal Supremo y otros altos Tribunales a una situación excepcional y extrema.

Desde la irrupción en la política española de la extrema izquierda y los populismos anti sistema el único partido de izquierdas teóricamente constitucionalista, el PSOE se ha entregado a una deriva radical donde no cabe la Constitución de 1.978. Tampoco los límites que impone el Estado de Derecho. Otros Organismos del Estado, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), han quedado como meros instrumentos del poder ejecutivo a cargo de militantes de obediencia ciega a cambio de unas retribuciones que en demasiados casos no se corresponde con las cualificaciones profesionales de los beneficiarios.

La persistente actitud del que fuera Magistrado y ahora Ministro del Interior en favor de medidas favorables a los presos de ETA ha colmado el bochorno al conocerse la exhaustiva investigación de la Guardia Civil poniendo al descubierto los contactos entre el entorno etarra y altos cargos del Ministerio de Interior según han publicado medios informativos independientes, entre otros el diario el Mundo. La humillación a las víctimas del terrorismo es otra herida añadida al dolor y un clamor de repulsa en la sociedad española.

Y lo más sonrojante, la urdimbre de falsedades, mentiras y medias verdades que prevalecen en la política española cuyo mayor exponente es el propio Presidente de Gobierno. Su imposición de la necesidad de declarar por Decreto el Estado de Excepción obligó a los españoles a un confinamiento de noventa días y la limitación de libertades fundamentales que han causado grandes pérdidas al conjunto de la economía española. El cierre de todas las actividades del Congreso de los Diputados privando a la oposición del control de las acciones del Gobierno durante el Estado de Excepción y la oportunidad torticera para legislar mediante Decretos sobre asuntos sin relación alguna con la situación excepcional de pandemia. Estas decisiones del Gobierno han sido declaradas nulas por el Tribunal Constitucional por ser contrarias a la Constitución española. Sin embargo, con ser de extraordinaria gravedad estos hechos, ni el Gobierno ha asumido ninguna responsabilidad ni la sociedad española ha actuado de vigilante censor de un Gobierno capaz de sucesivas vulneraciones al orden constitucional. Los ejemplos están servidos, se puede hacer todo, incluso contra todos en la más absoluta impunidad.

Y como broche a lo anterior la reciente votación en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de Reforma Laboral. No existe en ningún Parlamento europeo semejante ejemplo de vergüenza pública. El propio debate parlamentario y la accidentada votación telemática de un diputado de la oposición pusieron al borde de la duda el resultado de una ley de enorme trascendencia pública. En ese espectáculo esperpéntico finalmente fue aprobada entre gritos y abucheos por un solo voto que según el diputado fue un error ya que su verdadera voluntad era votar en contra. Al margen de interpretaciones jurídicas que finalmente habrá de resolver el Tribunal Constitucional, quedaran grabadas las imágenes de aquella sesión plenaria para vergüenza de esta democracia cuyos más destacados representantes no conocen el alcance de sus actos carentes de ética y de la mínima dignidad política.

Será por ello que no solo en España sino en otros países plenamente democráticos se observa con preocupación la degradación de la vida pública, el avance de la partitocracia y el sectarismo que ha secuestrado las Instituciones y Organismos que sustentan la democracia española en un proceso de involución hacia otras formas y sistemas de gobierno que no se corresponden con el espíritu inicial de esta etapa política. El prestigioso semanario británico The Economist ha publicado que España ha dejado de ser una democracia plena y se incorpora al grupo de "democracias defectuosas". Un claro retroceso que se aleja de aquellos años iniciales cuando la joven democracia española era ejemplo admirado en el mundo por la convicción de los partidos políticos de entonces cuyos dirigentes entendieron sin titubeos la necesidad de una Constitución democrática , unas Leyes justas y bien administradas dentro del Estado de Derecho y el Imperio de la Ley que igualaba en libertades y derechos a todos los españoles sin excepción alguna.

Se ha retorcido aquella voluntad para abrir una etapa de polarización donde no caben acuerdos que refuercen el Estado y perfeccionen la propia democracia. Las tensiones separatistas, los beneficios a las regiones gobernadas por quienes pretenden romper la integridad territorial de España, la desobediencia constante a las sentencias judiciales, la alianza del Gobierno con extremistas de izquierdas, antisistema y enemigos de la Constitución, de la Monarquía y del Estado de Derecho presentan un panorama poco alentador sobre el futuro de la democracia.