Acabo de cambiarme de compañía telefónica. A los abusos en la facturación de la empresa anterior, que siempre me cobró más de lo acordado, les ha seguido un calvario de trámites, visitas a la tienda, llamadas al denominado servicio de atención al cliente y otras molestias durante nada menos que dos meses, hasta que he conseguido devolver el ruter y que me hagan un recibo por el mismo. Me dicen que este proceso lo hacen largo e irritante las mismas compañías, mientras intentan convencerte de que no te vayas a la competencia haciéndote ofertas que luego, como me pasó a mí, no cumplirán, y su fin último es que desistas, que aguantes con lo que te quieran cobrar, que te quedes. A todo eso se añade la desidia, la dejadez, la mala educación y la desfachatez de los empleados que tienen, que una vez se informan de que quieres irte y dejar de ser cliente suyo, te tratan de la peor manera que saben y pueden. Bueno, pues me he cambiado. Y resulta que a la primera factura, ya me ha cobrado de más la nueva compañía. ¿Hasta cuándo va a durar este abuso de las grandes empresas sobre el consumidor? A las telefónicas hay que añadir las eléctricas, otro sector estratégico de la economía cuyas maniobras, avances tecnológicos o reformas van siempre en detrimento de los intereses del que ellas llaman cliente y no es más que un rehén de su voracidad y su codicia. Y los bancos, que por medio de una masiva instalación de cajeros automáticos nos han echado a la calle, literalmente, a los supuestos clientes, que somos en realidad marionetas de sus intereses. Todas las operaciones cotidianas se hacen ahora en los cajeros automáticos, es decir, en la calle, haciendo colas que cortan el tránsito de la gente por la acera y expuestos a la inseguridad de la vía pública. Su único fin es ahorrar personal. Además, se aprovechan de que en esta economía todo debe pasar por ellos y, con todo descaro, te cobran por tener y usar tu dinero. ¿Y las gasolineras, donde uno, sin ser experto en la manipulación de inflamables, tiene que reponerse el combustible, con el riesgo de derrames y accidentes bajo su responsabilidad? El Gobierno central, con la ayuda de las asociaciones especializadas, debería poner coto a este desprecio a los derechos de los consumidores. Desde Andalucía ya sabemos que será imposible: con los que van a gobernar ahora sólo caben pasos atrás. Y mientras, nosotros, a pagar y pagar.