Tanto los partidos del bipartidismo titular (PP y PSOE), como los del bipartidismo suplente (Ciudadanos y Podemos) no pierden oportunidad para salir en defensa del esperpento autonómico. Es normal. Las autonomías son fundamentales para su negocio. 17 centros de poder que repartirse. 17 gobiernitos creando chiringuitos en los que colocar a los acólitos. 17 grupos parlamentarios con decenas de asesores a sueldo y millones de euros en subvenciones cada año. Les va la vida en su defensa, aunque el fracaso del modelo sea evidente tras más de 40 años de experimento. Fracaso en la ilusa aspiración de integrar a quien no desea integrarse, sino desintegrar a la nación española. El separatismo, marginal en 1978, tiene ya el apoyo de la mitad de la población en varias comunidades. En lugar de dejarlo fuera de juego se le entregó la educación y los medios de comunicación. Ahora pagamos las consecuencias.

Fracaso en su objetivo de cohesionar socialmente el país, habiéndose incrementado las diferencias de renta, de nivel educativo y de prestaciones sanitarias entre los territorios.

Fracaso económico también, con la deuda pública batiendo cada año su propio récord debido en buena medida al despilfarro que supone mantener 17 mini estados con las competencias duplicadas.

La pandemia ha dejado también las vergüenzas autonómicas al aire. Cientos de españoles murieron en los meses de marzo y abril al no disponer de respiradores y camas UCI libres en sus comunidades autónomas, habiéndolas sin utilizar en otras. Nadie ordenó sus traslados. La burocracia se alió con la muerte y aprendimos que las autonomías, además de disgregar y arruinarnos, pueden matar. Ahora, con el bochorno de 17 protocolos distintos para la vuelta al cole, varios presidentes autonómicos -Juan Manuel Moreno entre ellos- han reclamado más coordinación. ¿No defendéis como un tesoro el autogobierno? ¿De qué os quejáis ahora?

Santiago Abascal declaró tras las elecciones en las que VOX entró en el Parlamento de Andalucía que el precio para su apoyo al PP y Ciudadanos sería la devolución de las competencias de educación y sanidad al Estado central, el cierre de Canal Sur y la derogación de las leyes autonómicas de género y memoria histórica. Sostuvo la reivindicación apenas 48 horas.

Para mí, en cambio, es un compromiso con quienes me dieron su confianza en las urnas. Y, por lo tanto, un objetivo irrenunciable.