Paseo Marítimo

Juan Carlos Pérez Navas

Doble vara de medir

EN las próximas semanas, la gran mayoría de los españoles tendremos que ajustar cuentas con el erario público, entregando nuestras declaraciones de la renta. El cuidado que, por norma general, solemos poner en rellenar la declaración adecuadamente para evitarnos un susto, no ha sido, sin embargo, suficiente precaución en el caso de los emigrantes retornados. A aquellos hombres y mujeres que tuvieron que emigrar en su juventud y consiguieron regresar, la Agencia Tributaria les está reclamando ahora que tributen por las pensiones que reciben del extranjero. Lo noticioso es que la medida se ha tomado con carácter retroactivo, desde 2008, y Hacienda les pide ahora, no sólo los impuestos de este periodo, sino intereses y sanciones de hasta el 25%.

El problema no es que los emigrantes retornados tengan que pagar impuestos, algo que ni ellos discuten, sino que nunca nadie les dijo que debían declarar esas pensiones. Muy al contrario: siempre que preguntaron, la respuesta que recibieron era que no hacía falta. Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy decide que estos emigrantes retornados -unos 19.000 en Almería- sí deben tributar por unas pensiones que fluctúan, en la mayoría de los casos, entre los 40 y los 400 euros. Un escándalo que cobra toda su dimensión si se compara con la posición que ha mantenido el Gobierno con los grandes defraudadores, a los que, nada más llegar el PP a La Moncloa, les aplicó una amnistía fiscal. Todo un ejemplo de cómo gobernar con una doble vara de medir. Los emigrantes retornados no son delincuentes. Conozco personalmente a muchos de ellos: viven en barrios de la capital o han regresado a sus pueblos, son trabajadores, personas sencillas y humildes que tuvieron que marcharse al extranjero y ayudaron al progreso de España con sus divisas. Ahora, el PP los castiga, aplicándoles unos intereses de demora, recargos y sanciones que nunca les aplicó a los grandes evasores beneficiados por la amnistía fiscal. A los peces gordos, el Gobierno directamente les perdonó la vida: bastaba con declarar el dinero que habían evadido al fisco y pagar unos impuestos ridículos (del 8 al 10%)... y aquí paz y después gloria. Los emigrantes retornados no se niegan a pagar por sus pensiones, sólo piden que no se les sancione ni se les apliquen intereses de demora. Una demanda del todo razonable a la que el Gobierno sigue haciendo oídos sordos.

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