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Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

Empecinado

El empecinamiento o la obstinación de Montoro, que no da su brazo a torcer, preocupa al magistrado del TS Llarena

Es la palabra del castellano que mejor describe la actitud de nuestro ministro de Hacienda, sr. Montoro, respecto de si existió o no malversación de caudales públicos en el referéndum celebrado el 1-O del pasado año y organizado por la Generalitat. Dice el diccionario de la Academia que empecinado es la persona que se mantiene excesivamente firme en una idea, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Nos sorprendió a todos y yo me hice eco el jueves pasado, que cuando el tribunal regional alemán resuelve que solo concedería la extradición de Puigdemont por la denuncia de malversación y no por la de rebelión, el ministro que está al cuidado y cargo de los fondos públicos, declarara en el Parlamento de España que en el procés no se había usado un solo euro de dinero público. Como es evidente que cualquier cosa cuesta dinero y organizar un referéndum, aunque sea, como el ministro dijo, con urnas compradas en los chinos, tiene que costar un dineral, sólo patrocinadores muy generosos y fervientes del soberanismo habrían podido costearlo.

El empecinamiento o la obstinación del Sr. Montoro, que no da su brazo a torcer, preocupa al magistrado del TS sr. Llarena, que instruye la causa y le pide que le aclare porqué la Abogacía del Estado, representante del Estado ante los tribunales, está personada en la causa, ya que si no existe mal uso de fondos públicos y el ministro dice que no, qué pinta la Abogacía en el sumario, porque les aseguro por experiencia propia que la Abogacía del Estado sólo se persona en las actuaciones cuando recibe instrucciones de una Dirección General del Ministerio de Hacienda. Resulta que en la prensa no solo se hacen las cuentas de cuánto dinero público se ha usado para el referéndum del 1-O (que han cuantificado por ahora en casi 2 millones de euros) sino que, además, El Confidencial publica el informe que la Guardia Civil remite al juez instructor Llarena, donde con la minuciosidad y precisión del Instituto Armado, se van detallando los capítulos del gasto y sus importes. Subvenciones desviadas de finalidad al Teatro Nacional de Cataluña, gastos de publicidad en los medios de comunicación, distribución de correspondencia por empresas especializadas (Unipost), observadores internacionales con dietas, alojamientos y traslados, más un largo etc., allí aparecen con sus importes y con todo detalle.

Ahora, es el turno del Ministro de dar explicaciones y supongo que, antes de nada, al Presidente que le nombró, que debe pensar que los últimos problemas creados a su Gobierno se los ocasionan compañeros de partido y cargos que fueron designados por él.

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