Trasel Día de Todos los Santos, hoy 2 de noviembre, festividad litúrgica del Día de los Difuntos, a quienes elevamos nuestras oraciones a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para que descansen en la paz eterna en el prometido Paraíso. Pero el hecho causante de esta gacetilla, es el artículo 116 de la Constitución Española, que señala de forma clara, concisa y concreta, que "el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración."

Pero, a mayor abundamiento, es más notoria la redacción del último párrafo del art.116, al expresar que "la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes."

Al ver en el digital BOE el acuerdo adoptado por la Cámara Baja en la Carrera de San Jerónimo con el "ausente", algunos como los separatistas bolcheviquizados les dio una hemorragia de alegría al poder aplicar a su libre antojo, el inapropiado estado de alarma en sus regiones, haciendo que el Estado baje otro peldaño en su ocaso constitucional y desaparezca etéreamente por abandono e inanición política. Aún más, no es democrático ni hace un bien común a la vida parlamentaria y la sociedad civil, el desplante cuasi taurino de no volver a solicitar autorización para la prórroga de las asimétricas restricciones de derechos y libertades hasta la llegada de la Pascua florida o "sine die".

La situación es muy grave, crítica, de ultratumba, no solo por la pandemia sanitaria, que nos llevará esta semana a un confinamiento planetario sin Sol y sin Luna con las dramáticas consecuencias a niveles económicos y psicosociales, sino por la idea de retroceder en las libertades de expresión a través de la censura política para poder denunciar en redes sociales, medios de comunicación o a pie de calle, todo aquello, consideremos acertadamente o no, que determinadas normas involucionistas llevan implícitamente un retroceso en los derechos y libertades y una fiscalización en la cultura del pensamiento y las ideas.