El abogado Francesc Jufresa solicitó en diciembre de 2019 un indulto para los doce políticos presos condenados por la comisión de un delito de sedición. Desde que se hizo la solicitud han pasado más de 9 meses, y entre las obligaciones del Ministerio de Justicia está tramitar una solicitud que reúne los requisitos formales exigidos por la ley. Y esto es lo que anunció el Ministro de Justicia en sede parlamentaria. Si no hubiera sido por la pandemia, el confinamiento y el consiguiente retraso de los procedimientos administrativos y judiciales, seguramente este expediente administrativo hubiera empezado antes su andadura. El ministro ha sido acusado de hacer el anunció sorpresiva e interesadamente. Pero lo cierto es que no se me ocurre un lugar más apropiado que el Congreso de los Diputados, reunido en pública sesión de control al gobierno, para dar una noticia que a la vista está, iba a tener una enorme relevancia política y mediática. Si en lugar de hacer el anuncio públicamente, el Ministerio de Justicia hubiera filtrado la información a un medio de comunicación o se lo hubiera trasladado a los interesados discretamente, y eso hubiera llegado posteriormente a los medios de comunicación o a los partidos de la oposición, hoy al Señor Campo le estarían acusando de ocultar información, engañar a la opinión pública o pactar bajo la mesa. Al expediente de indulto le falta ahora un largo proceso de tramitación, y entre otros el informe previo del tribunal sentenciador oído el Ministerio Fiscal. El Tribunal Supremo, que fue el órgano sentenciador, tendrá que observar si hay arrepentimiento de los condenados. El Tribunal Supremo ha declarado que el arrepentimiento es "uno de los elementos que se debe considerar desde el punto de vista de la prevención general, puesto que el deterioro de esta función de la pena sería intolerable si se indultara a personas que se niegan a reconocer la vigencia de la norma que han violado conscientemente". Por lo tanto, al cumplimiento de los requisitos procesales, habrá que añadir el arrepentimiento de los condenados, y una motivación del indulto, basada en razones de justicia, equidad y utilidad pública. Si el Gobierno, una vez que todo eso pase, concede el indulto, será el momento de criticarle por parte de aquellos que son contarios al mismo, mientras tanto es bueno respetar los procedimientos establecidos.