Durante esta semana, en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía hemos tenido la oportunidad de recoger las propuestas y reflexiones de agentes sociales, docentes, sindicatos, asociaciones de empresarios, profesionales y expertos, en torno al proyecto de ley de Formación Profesional de Andalucía elaborado por el Gobierno andaluz. Con este trámite parlamentario, iniciamos un proceso que estoy convencida de que permitirá aprobar la mejor ley de FP de todo el país. La futura ley supondrá una mejora efectiva de la Formación Profesional de Andalucía, al integrar de manera efectiva la Formación Profesional Inicial, del sistema educativo, y la Formación Profesional para el empleo. La FP se concibe, por tanto, como un todo, dado que la Formación del sistema educativo necesita a la Formación para el Empleo y la Formación para el Empleo necesita a la Formación del sistema educativo. De hecho, los ciudadanos necesitan ambas para asegurar su formación, su cualificación, su recualificación y, en definitiva, su acreditación profesional. Se trata, por tanto, de que empleo y educación caminen juntos y este proyecto de ley sienta las bases para ello y marca la senda que debemos seguir. La Formación Profesional integrada por la que apuesta el proyecto de ley traerá como consecuencia una oferta formativa más completa y coordinada; adecuada y ajustada realmente a las necesidades del mercado y de los ciudadanos. Es decir, se trata de realizar una oferta de ciclos formativos y acciones formativas de empleo compacta, que no sea fruto de la inercia, la tradición e incluso la comodidad, sino que contribuya a las necesidades de cualificación reales de los andaluces y del mercado laboral. Parece muy curioso que el partido del rodillo, el que ha provocado las mayores concentraciones de la comunidad educativa para reclamar acuerdos, sea el que ahora consenso para esta ley. Lo hacen después de imponer la LOMCE y después de que su portavoz en el debate de presupuestos de la Comunidad Autónoma dijera literalmente que no le preocupaba la Ley de FP. Pues bien, hay buenas noticias. El proyecto de ley que ha iniciado el trámite parlamentario cuenta con el aval de 78 asociaciones y organismos del sector, de modo que estamos ante un proyecto comprometido con el tejido productivo y el sistema educativo de Andalucía y que nace del consenso.