Vaya por delante que mi primera impresión ante lo que está sucediendo en Fraguas me impulsa a prestarles mi apoyo en la medida en la que puedo. Reconstruir un pueblo abandonado, en un espacio que, ignoro por qué, fue expropiado a finales de los sesenta, no debería constituir ningún delito. No piensan así, a lo que parece, en Castilla la Mancha. Llevar a juicio a un grupo de jóvenes por haber osado "mancillar" un espacio natural protegido, rehabilitando unas casas que estaban en ruinas no parece ser,en principio, una decisión sensata por más que las leyes, tal como están redactadas, parezcan dar la razón a los que han acudido a los tribunales. Pienso que esas leyes de protección del medio ambiente tienen una finalidad con la que estoy de acuerdo: evitar la invasión y la subsecuente destrucción de uno espacios muchas veces irrepetibles y que son patrimonio de todos. De esos procesos destructivos tenemos constancia en años recientes y hay que evitar que se reproduzcan. Zonas costeras y bosques se han visto degradados sin posibilidades de rehabilitación. Ahora bien, presumo que esas leyes están redactadas de un modo tan general que nos pueden llevar a auténticos absurdos de los que ocasionalmente me he hecho eco. Hacer una urbanización en esos entornos sí se puede considerar un disparate. Pero reconstruir un pueblo prácticamente en ruinas, donde hace un tiempo vivió una pequeña comunidad posiblemente practicando una agricultura sostenible que pudo conservar el entorno ¿es un proceso paralelo a una urbanización bestial? ¿Hay que aplicarles los mismos criterios que en el caso de una urbanización? El recurso a los juzgados ha terminado (por ahora) en una condena que les obliga a pagar una multa y a correr con los gastos de la demolición de lo que considera el juez como ilegalmente construido. ¿A quién están haciendo daño con esa actividad? No hay propietarios privados inmersos en el tema, por lo que nos han dicho los medios. Sí es una propiedad común, pero que es un puro desecho, unas casas que son unas ruinas. ¿No habría una solución diferente a la de llevarlos ante el juez? Por ejemplo, haberles concedido el usufructo de esa localidad, con lo que todos saldrían ganando. Ellos, que vivirían como quieren, y nosotros porque mejora el patrimonio común. Pero no: tienen que aplicar la ley del modo más literal posible (en estos casos, porque ante las grandes urbanizaciones ilegales hay manga muy ancha a la hora de legalizar).