La situación de la sanidad pública es peor de lo que, en algunos ambientes, se quiere reconocer. Hacen falta muchos más médicos en los centros de Atención Primaria y también es necesario que se contraten más médicos especialistas, para reducir los tiempos de espera. Esto no se está realizando suficientemente. La huelga sanitaria de Madrid es un ejemplo extensible al resto de nuestro país, ya que los ciudadanos están pagando las consecuencias de la saturación del sistema público de salud. La tendencia general actual es que en la medicina pública no se hagan muchas pruebas médicas, excepto en casos graves o muy graves, por el coste económico que suponen para el Estado. No se hacen suficientes TAC en la sanidad pública, por ejemplo, porque el número de los que se pueden realizar están limitados, ya que con los cientos de miles o millones de pacientes que tendrían que realizarlos se dispararía el gasto y esto es algo que el sistema sanitario no puede asumir ni soportar, según parece, a la vista de lo que sucede.

En muchos casos, los pacientes afectados por una neumonía tienen que acudir a la sanidad privada, para tratarla de forma completa y plenamente adecuada, ya que en la atención sanitaria pública el seguimiento y los tratamientos no son de igual calidad y profundidad, algo que es absolutamente necesario para los pacientes. La riqueza mayor que tiene una persona es su salud. Lo que no tiene ninguna justificación es que por el aumento de la esperanza de vida exista escasez de médicos, ya que el número de consultas aumenta mucho. Esto es lógico que ocurra. Lo que tiene que hacer el Gobierno español es ofrecer el doble o el triple de plazas de médicos en el MIR. La finalidad es que los médicos de familia puedan atender 30 o 35 pacientes diarios y no 60 o 70, sin el tiempo suficiente para el diagnóstico y la información sobre el tratamiento más efectivo.

La corrupción política y económica ha sido enorme en las últimas décadas en España. El dinero defraudado debería ser recuperado y emplearse para reforzar el sistema de salud. Una parte de los desorbitados beneficios de los grandes bancos debe servir, para contratar más médicos y disponer de más financiación, para la compra de más aparatos o más tecnología médica de vanguardia. Debe dedicarse más dinero en los presupuestos del Estado para gastar en Sanidad. La masificación es una realidad reconocida en la asistencia a los pacientes. Por tanto, se requiere más personal sanitario y más recursos.

Existe un riesgo de colapso por la fuga de médicos y puede suceder en 2027. Incluso Sanidad calcula que en cuatro años habrá un déficit global de unos 9.000 médicos, especialmente en medicina familiar y comunitaria. Decir esto no es suficiente. Es preciso tomar medidas y aumentar las plantillas. En Asturias, por ejemplo, los médicos de familia deben cubrir más de 330.000 horas de más al año, por falta de 218 profesionales. El horario laboral de los médicos debe ser el legal. Todavía no se ha activado el complemento para mayores de 55 años.

Lo que no se puede pretender en el Gobierno central de España es que, si aumenta exponencialmente el número de consultas médicas por el envejecimiento de la población, deba haber una actitud de resignación y de conformismo, a costa de la salud. Esto es inadmisible. Existe un derecho a una atención sanitaria pública de calidad y esto no se está consiguiendo en muchos casos. Se pueden contratar numerosos médicos latinoamericanos que hablan español y que pueden homologar su formación en nuestro país. De esta forma, se reforzaría la asistencia médica. Es una cuestión básicamente de dinero. Los españoles pagamos impuestos para tener una sanidad pública de calidad y no para tener que ir a la sanidad privada, ya que es más eficiente y más rápida. No todo el mundo puede permitirse el lujo de ir a especialistas, de forma particular o privada. Lo que impera es el sálvese quien pueda y nada más.

A todo esto es preciso añadir que la plantilla médica está envejecida en España y este es otro problema a considerar, por parte de los que gobiernan nuestro país. Los auténticos responsables de tomar decisiones son los gobernantes y no los ciudadanos, que ya tienen su derecho a voto. No se debe hacer oídos sordos a las demandas ciudadanas que se expresan en huelgas y manifestaciones a lo largo y ancho de la geografía española. No sirve mirar para otro lado y querer ocultar la realidad de lo que está sucediendo, ya que es muy grave. Existe el derecho a la vida.