Algunos años atrás, pensamos, no todos, algunos claro está, que la Transición política y uno de los términos más usados en el lenguaje político de aquel momento : reconciliación, habían sido superados definitivamente ante el problema más hondo y dramático al cual hubo que asistir para acoplar las dos Españas, siendo la Constitución Española de 1978, una constitución integral y transversal para todos los españoles en su diversidad con sus lagunas significativas y conceptos jurídicos indeterminados, la que dio por iniciada una nueva etapa y compromiso político en las que las palabras heridas, rencores o los odios dieron lugar al pluralismo político, consenso y compromiso de futuro en una europeizada y occidentalizada España.

No es menos cierto, que desde el primer momento el PNV y CiU o Minoría Catalana, que no el País Vasco y Cataluña, no lo pusieron nada fácil a la extinta UCD, PSOE, PCE hoy integrado en IU y AP - PP- en el diseño de España como Estado de las Autonomías, incluso el honorable Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio tuvo una loable y plausible actitud y comportamiento en ese momento histórico, que a buen seguro hoy día no defendería a quienes desde la plaza de Sant Jaume aclaman con acritud, hostilidad y beligerancia un camino unilateral de traumática separación con el resto de territorios que integran la plurinacional y asimétrica España cervantina. En un Estado de Derecho como el nuestro, asentado en una convivencia cívica interterritorial, estas corrientes autogestionarias con aires de libertinaje ácrata, vienen derivadas de la implementación durante años de la beautiful people de políticas mortificantes para el conjunto del Estado, motivadas por una vanidosa gobernanza partidista desde la Carrera de San Jerónimo.

Políticas relativas a la normalización lingüística y cesión de competencias exclusivas del Estado, entre otros desaciertos gubernamentales, nos están pasando una factura de compleja resolución política, que solo podrá venir dada de un consenso de mayoría cualificada a nivel autonómico y nacional, que persigan sin dudas alegóricas y telúricas la tan necesaria estabilidad ciudadana y empresarial. En fin, incredulidad que la solución pacífica sin ruptura pueda engendrarse de los resultados electorales del 21D o de las exhortaciones jurídicas penales con total convicción democrática y constitucional del Poder Judicial.