La agenda social que ha puesto en marcha el Gobierno de España hasta ahora ha estado marcada por tres importantes medidas: la subida de las pensiones, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y el aumento del salario de los empleados públicos. El siguiente paso que dará es la eliminación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Como adelanto, el Gobierno ya ha anunciado la derogación del despido por bajas justificadas.

Acabar con esa injusticia es una prioridad para el Gobierno de España. Sin embargo, hay quien está por alimentar otras injusticias, tal y como ha ocurrido en el Consejo Ejecutivo de Galasa, la empresa pública que gestiona el abastecimiento de agua en el Levante y Almanzora. El PP y Cs, de forma vergonzosa, han excluido a los alcaldes socialistas del órgano de dirección de esta empresa. La bochornosa actuación del presidente de la Diputación, que llegó incluso a insultar a los alcaldes socialistas, ofrece una muestra clara de hasta dónde se puede llegar cuando se pierde el norte. Para que se hagan una idea, el 63% de los clientes con los que cuenta Galasa viven en municipios gobernados por el PSOE y, a pesar de esto, PP y Cs dejaron fuera del Consejo Ejecutivo a los alcaldes socialistas, mostrándoles la puerta de salida.

Pero para salida, la de Roquetas hacia Almería. Al problema surgido en el Cañarete hay que buscarle una solución definitiva y

el alcalde de Roquetas debería comenzar reconociendo que lo que hizo el gobierno de Rajoy ha durado poco.

Además, sería bueno que el Ayuntamiento de Roquetas realizara los esfuerzos necesarios para minimizar el cuello de botella que se produce a la hora de incorporarse desde Aguadulce a la A7. La mejora de la regulación del tráfico sería beneficiosa, como también lo sería que Roquetas consiguiera que el Consorcio de Transportes, cuya gestión depende de la Junta de Andalucía, pusiera autobuses gratuitos para descongestionar el tráfico. No es de recibo que el alcalde de Roquetas no asuma su responsabilidad.

Como no es de recibo que una anciana de 101 años lleve esperando un año a que la Junta reconozca su situación de dependencia. Lo peor de este asunto es la respuesta que le han dado al hacerse pública la noticia: "probablemente, cuando le llegue, ya no la va a poder recibir". No hay más preguntas, señoría. Menuda incompetencia.

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