Huelga de jueces

Demandan que se fijen cargas máximas de trabajo y se incrementen los medios materiales

Las principales asociaciones de jueces y fiscales, han convocado huelga general para mañana lunes, 19 de noviembre, a fin de forzar al Gobierno a acometer mejoras laborales. Entre éstas, demandan que se fijen cargas máximas de trabajo y se incrementen los medios materiales en las sedes judiciales, además de mayor transparencia en la designación de magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Aplaudo, cómo no, tales vindicaciones que tienden a modernizar un sistema judicial desbordado y en grave desprestigio, por causas no siempre imputable al esfuerzo de sus operadores forenses, colectivo donde, como en cualquier otro sector, no faltan héroes tirando del carro, ni mediocres o desmotivados que lastran su andadura y prestancia. Pero no acabo de asimilar, lo confieso, que una Autoridad, como es un Juez, acabe plagiando a los asalariados para echarle un pulso al patrón, el Gobierno, en un Estado democrático de división de poderes, diluyendo su propio poderío sistémico, entre la barahúnda administrativa. Y que quien hoy domingo, es una Autoridad mañana lunes sea solo un funcionario en huelga ciega, sin orden ni concierto, afecte a quien afecte la denegación de justicia por voluntaria holganza. Que vedará a todos los ciudadanos el acceso a un servicio público tan básico, como es el de aplicar justicia, y ello, solo para darle al Gobierno una patada, sí, pero en la espinilla del sufrido pueblo. Suspendiendo frívolamente miles de juicios señalados para mañana, muchos desde hace más de un año esperando ese día, a despecho de litigantes, testigos o peritos, algunos desplazados de otros lugares, que no sabemos, aún hoy, si se van a celebrar o no. Porque en este caso ni hay preavisos de quién huelga o no, ni hay servicios mínimos anunciados, ni se respeta ese principio básico, aún no escrito, ay, de que el duro reproche que deriva de una convocatoria de huelga recaiga sobre el responsable de cada situación y no sobre otras víctimas sociales. Y que ese derecho se ciña a relaciones de jerarquía, incompatible con la independencia Judicial. Porque si esta dicotómica estatutaria que permite a una Autoridad transmutarse al gusto en funcionario raso, según la ocasión, se asume como legal, no veo por qué luego no puedan ponerse en huelga los ministros o los diputados cuando no les guste alguna doctrina jurisprudencial. Otro dislate. Pero acaso, menos daño harían.

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