El último capítulo del independentismo catalán ha sido la detención de Puigdemont en Cerdeña y su posterior puesta en libertad. A Cerdeña fueron un grupo de independentistas a vitorear al líder "exilado y perseguido por el estado español" cuando fue puesto en libertad, y el presidente Aragonés aprovechó la ocasión para para pronunciar el manido discurso de "la amnistía" y "el referéndum", al que nos tiene acostumbrados, como condición indispensable para sentarse a negociar con el gobierno de España. Ni el exilio, ni la persecución del estado, ni la amnistía, ni el referéndum, son materias que se ajusten a la realidad, sino fórmulas utilizadas por dirigentes independentistas para atraer voluntades. España es un estado de derecho y haciendo uso de la Constitución y otras leyes, se crea JxCat, un partido político que, cumpliendo todos los requisitos legales, participa en las elecciones catalanas y consigue la presidencia para Puigdemont y, desde la posición que alcanza gracias a la legislación española, declara la independencia de Cataluña infringiéndola. Tan claro tiene Puigdemont que su acción puede ser constitutiva de delito que escapa escondido en un coche. Su comportamiento no es el de un exilado político perseguido por sus ideas, sino el de un prófugo que escapa de la justicia. Está tan seguro de haber infringido la ley que se fuga antes, incluso, de que los tribunales tipifiquen los hechos como un delito de sedición. En cuanto a la persecución del estado, no es exactamente de lo que se trata, sino del sometimiento a la ley como corresponde, de la misma manera que se sometieron los independentistas que fueron juzgados y condenados. Obviamente, la amnistía no procede cuando habiendo sido juzgado con todas las garantías en un estado de derecho se demuestra la comisión de un delito tipificado en el código Penal. Y sobre el cacareado referéndum, de la unidad de España establecida en la Constitución se derivan derechos para todos los españoles, por ejemplo, empadronarnos en Barcelona, como en su día lo hicieron los padres del independentista Gabriel Rufián, procedentes de Alcaudete. Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para convocar un referéndum y privarnos de tales derechos. Lo expuesto es tan evidente que dudo no lo sepan los dirigentes de los partidos separatistas, pero el independentismo necesita alimentarse para subsistir y aprovecha cualquier motivo para atraer a la tropa vendiendo humo.