Opinión

Joaquín Pérez de la Blanca

Infamia

La semana pasada tuvo lugar el I Congreso Almería Solidaria con las Víctimas del Terrorismo, y me gustaría hacerles partícipes de lo que sentimos al escuchar la intervención de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Doña Maite Araluce, que padeció el asesinato de su padre hace cuarenta y cinco años, quien era entonces Presidente de la Diputación de Guipúzcua, ametrallado en su coche debajo de su propia casa. Además de su padre fallecieron el conductor (que se casaba ese verano) y dos policías de escolta (uno de ellos recién incorporado de su viaje de novios).

Familias rotas, destrozadas, que tuvieron el privilegio de poder celebrar un funeral para despedir a sus familiares. Digo privilegio porque en los siguientes años ni siquiera los familiares pudieron hacer funerales a sus muertos y sus féretros tenían que enviarse directamente a sus lugares de origen casi de forma clandestina. Tuvieron que ser las propias víctimas las que se movilizaron ante la inoperancia de las instituciones y de la propia sociedad, que sólo comenzaron a reaccionar tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

En los últimos 20 años, especialmente tras la desaparición de ETA, se ha invertido la dispersión de presos por cárceles del territorio nacional (técnica penitenciaria avalada por el Tribunal Constitucional), trasladándose 574 etarras a prisiones vascas entre 1996 y 229 más hasta 2018, año de su disolución. Pedro Sánchez ha ordenado el traslado de 270 más, transfiriendo la competencia en materia de Instituciones Penitenciarias al País Vasco. Un Pedro Sánchez que no ha recibido ni una sola vez a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

En octubre de 2011 había en España 595 etarras en prisión (121 en situación preventiva) y otros 140 en cárceles francesas. De todos ellos 377 cumplían pena en régimen cerrado, el más estricto. Pues bien, en diez años han salido en libertad 373 reclusos de la organización terrorista y actualmente sólo un recluso está en régimen cerrado, encontrándose la inmensa mayoría en segundo grado pudiendo solicitar permisos ordinarios de salida, una vez cumplida la cuarta parte de la condena. Hoy una veintena están en semilibertad o tercer grado.

En palabras de la señora Araluce, "en España hemos querido pasar página sin haber leído el libro antes". La prueba más palpable, además de las actuaciones en materia penitenciaria que he referido, es que los jóvenes desconocen qué pasó y, si tienen alguna noción, la cuentan de forma blanqueada. Es muy importante que las propias víctimas cuenten la historia para que la conozcamos de primera mano.

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