Una vez más asistimos a la llegada de embarcaciones procedentes de África cargadas de seres humanos que huyen de la miseria, el hambre o la guerra. Los cayucos llegan a Canarias desde las costas de Marruecos, y el drama de pérdida de vidas humanas y sufrimientos incalculables se reproduce una vez más, como ya antes ocurrió en 2006, cuando las embarcaciones procedían de Senegal. Mucho antes fueron las pateras las que surcaron las aguas del estrecho, convirtiendo a lo largo de los años al mar Mediterráneo en una fosa para centenares de seres humanos.

Desde los primeros tiempos de este fenómeno migratorio hay circunstancias inalterables: la posición geográfica de España y la vecindad con Marruecos. Tampoco ha cambiado significativamente la gigantesca diferencia de nivel y condiciones de vida entre Europa y África. Todo hace presagiar que el fenómeno de la inmigración irregular entre España y África, sea a través de Canarias o de Andalucía, no se detendrá con el paso del tiempo. Y frente a estas realidades, no ha variado la falta de planificación de las políticas migratorias europeas. La Unión Europea y sus miembros siguen sin asumir la parte de responsabilidad que les corresponde respecto a los miles de seres humanos que por razones de proximidad geográfica, entran en Europa a través de España, Italia o Grecia. Las instituciones europeas con desgana al desafío que vivimos los países ribereños del sur. Ante cada crisis se adoptan medidas temporales y dotaciones económicas insuficientes. Además, es frecuente que las autoridades italianas, griegas o españolas deleguen en las autoridades locales y regiones de sus propios países, la responsabilidad inicial de atender a las personas que llegan.

A pesar de la evidencia de la falta de cooperación europea, tampoco ha cambiado significativamente la política migratoria española, que con el paso del tiempo tendría que haber aprendido a anticiparse a la emergencia permanente. Deberían ser conscientes las autoridades de nuestro país, que los Estados de tránsito y origen de los inmigrantes aceptarán el retorno de unos centenares de seres humanos, pero que un número aún mayor no podrá ser devuelto y, por lo tanto, se quedará en España o irá desplazándose a otros países europeos. Asumir esa realidad, afrontarla con humanidad y respetando la dignidad de las personas, es imprescindible para hacer una planificación estructural, y para no improvisar campamentos bochornosos como los que el Defensor del Pueblo pidió cerrar.

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