La situación no es desagradable: es alarmante. Me resultan indescriptibles las reacciones que se han producido al hacerse públicas las conclusiones de la fiscalía en torno a los encausados por el "procés". Y voy a adelantar mi tesis: el juicio es algo innecesario. Dadas ciertas posturas será una pura pérdida de tiempo, y los juzgados tienen muchas cosas que hacer, y no están como para perder esfuerzos y dinero. Por lo menos es lo que se me ocurre que se desprende de algunas declaraciones de algunos líderes políticos. Doy por hecho que los independentistas proclamen la inocencia y reclamen la libre absolución de los que están en la cárcel, de los que están fuera de la cárcel pero en Cataluña, y la libre vuelta de los que se fueron. Es normal que actúen así; son parte interesada, son como los abogados defensores. Si de ellos dependiera, no hace falta el juicio: Solo abrir las cárceles y devolver a todos su estatus de ciudadanos con plenos derechos. Pero claro, no están solo ellos. La fiscalía, cumpliendo con su obligación, investiga, analiza, tipifica y acusa. Su calificación es la que se lleva a juicio, y supongo que los fiscales estarán abiertos a que se debatan sus conclusiones, a que se analicen sus pruebas. Por eso, cuando sale una posible calificación alternativa la fiscalía calla, consciente de sus posibles limitaciones. Hasta aquí todo bien. Pero he aquí que entonces surgen voces que, irrogándose unas atribuciones que no tienen, consideran que todos aquellos que no están de acuerdo con el fiscal son unos traidores, unos vendidos a los independentistas. Porque las conclusiones del fiscal, que coinciden con lo que ellos piensan, son para ellos casi como la palabra de Dios. Por tanto, cuando la abogacía del estado discrepa lo hacen porque les han obligado a hacerlo los traidores. Por esta razón, dicen, la abogacía está que trina. Sin embargo, no ha salido en medio alguno ningún abogado del Estado diciendo que han sido objeto de una fechoría. Si esos voceros están tan seguros de que solo ha lugar la calificación de la fiscalía ¿para qué queremos los jueces, los juzgados, los procesos? Para ellos todo debería haber acabado antes de empezar. Estas posiciones no concuerdan con la justicia en un estado de derecho. Ni con la presunción de inocencia. ¿Habrá que recordar el reciente palo que ha dado el tribunal de Derechos Humanos a la justicia española en relación con el caso Otegi?