(Algo de) Justicia distributiva

Estarán de acuerdo en que la mejor manera de solventar, sin depender de generosidad espontánea, es que el Estado se haga cargo de todas

Somos una sociedad algo hipócrita o sensiblera. Se suceden las reacciones emocionales cuando, a través de los medios de comunicación, conocemos la situación concreta de personas o familias cuya vida está rayando en la indigencia. Muchas personas se vuelcan deseando ayudar a los que están sufriendo y a veces se consigue sacar del apuro a quienes no tienen nada. Me recuerda aquel programa "Ustedes son Formidables" de Alberto Oliveras (tenía una fluidez verbal o "facundia expresiva" característica) dedicado a resolver situaciones problemáticas a través de la generosidad individual y voluntaria. Nada que objetar. Tan es así, que saludo con satisfacción el que se haya emprendido una campaña gubernamental que intenta solventar la mayor parte de las dificultades de tanta gente que padece lo mismo o más que los casos concretos que saltan a la luz pública pero que, por falta de difusión, no encuentran remedio. Creo que todas las personas generosas estarán de acuerdo conmigo en que la mejor manera de superar estas situaciones, sin depender de rasgos de generosidad espontáneos, es que el Estado se haga cargo de todas. Por eso no termino de encontrar una categoría adecuada en la que quepan todos aquellos que se están oponiendo, incluso ridiculizando, la decisión de emprender el camino del mínimo vital. ¿Cuál es la realidad en la que se están moviendo? ¿Acaso piensan que su entorno es el que delimita lo que pasa y lo que no? ¿Y si en su entorno no hay hambre, entonces no la hay en ninguna parte? Y en conexión con esta displicencia me llama mucho la atención la disputa de las distintas comunidades autónomas por hacerse cargo de la gestión de la ayuda. Le han arrancado esa prerrogativa a Pedro Sanchez en primer lugar el País Vasco y Navarra, y a continuación, en cascada, la están exigiendo casi todas las otras comunidades, pensando incluso en el Consitucional. En principio, supone una enorme cantidad de trabajo que tendrían que solventar sus funcionarios. ¿Están preparados para tanto? (claro que la misma pregunta cabría hacerle al gobierno central). En cualquier caso, ¿se trata de un privilegio (como dijo Núñez Feijo) que quieren compartir con aquellas dos comunidades? ¿qué ventajas reporta esa gestión? ¿Acaso podrán disponer de más dinero? ¿Podrían modificar los baremos a su antojo? ¿Podrán, entonces, hacer de su capa un sayo? ¿O acaso lo único que buscan es incrementar su prestigio?

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