El pasado viernes entró en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática. Su impulsor y ferviente defensor ha sido el almeriense Fernando Martínez, que fue alcalde socialista de Almería. Con ella el Gobierno pretende, de una vez por todas, garantizar los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no repetición a los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, esa "generación de los nietos" que es ahora la heredera de las reivindicaciones históricas que esta norma contempla.

Ha sido una larga lucha la de las familias desde la muerte del dictador por el reconocimiento por parte del Estado de estos crímenes, y se han sucedido a lo largo de estos más de cuarenta años de democracia en España diversas disposiciones y leyes en pos de esta meta humanitaria y social que ahora tiene como colofón esta ley, que pretende ser definitiva. La anterior Ley de Memoria Histórica no alcanzó sus objetivos, en parte por la resistencia del franquismo residual incrustado en las instituciones democráticas, en parte por el vaciamiento a que la sometió Rajoy al negarle la dotación económica necesaria en los presupuestos del Estado durante sus mandatos. En Almería tenemos pruebas múltiples de esa inobservancia de la ley de que hicieron gala las instituciones públicas, desde la Escuela de Artes a las viviendas sociales del Quemadero, el Barrio Alto o la Calle Paco Aquino; desde la fachada de la Catedral a la de la Delegación de Hacienda; desde las calles que aún llevan nombres de falangistas o franquistas a las diversas inscripciones que en la vía pública todavía exaltan el franquismo. La falta de presupuesto para esos casos justificó ante la opinión pública la inacción de las instituciones, encubriendo el rescoldo de conservadurismo franquista soterrado.

Con esta ley se atiende, de una vez por todas, la justa reivindicación de las familias en la restauración del daño causado por el franquismo a los luchadores por la democracia. Sólo de esa forma, no silenciando esos crímenes, se les hará justicia. Las heridas de la Guerra Civil no se curan silenciándolas o dejando pasar el tiempo sobre ellas. En un Estado que se postula democrático en Europa y en el mundo, la forma de restañarlas -en lo que sea posible- es la Verdad, la Justicia y la Reparación, así como las Garantías de no repetición en nuestro suelo y en el mundo de aquellas atrocidades.