Desde hace unos años en los cementerios de la costa mediterránea proliferan los nichos con cuerpos sin vida de centenares de inmigrantes que pretendían llegar a Europa en búsqueda de una vida mejor y más digna. Dejaron a sus familias con la esperanza de que el riesgo que asumían les iba a sacar de la miseria y el hambre. Los suyos esperan con ansiedad y miedo una llamada de su ser querido para informales de que ha tenido éxito. Ese éxito es conservar la vida después de meses de recorrer países, cruzar fronteras, mal vivir y esconderse. Muchas veces esas familias nunca reciben la ansiada llamada. A cambio, les llegan informaciones del hundimiento de un cayuco con decenas de inmigrantes a bordo, o de una patera encontrada a la deriva llena de cuerpos sin vida.

En cada nicho reposan los restos de hombres, mujeres y niños, que nadie sabe cómo se llaman, que historia tienen o de dónde vienen. Son seres humanos sin documentación, la extravían durante el camino o se la quitan las mafias que comercian con sus vidas. Por eso en las lápidas sólo se inscribe la fecha del naufragio o el día en que fueron encontrados sin vida en la playa. Son lápidas sin nombre y con fechas, que con el paso del tiempo son visitadas por familiares que no saben si detrás de ese yeso descansan los restos de sus seres queridos.

Controlar la inmigración y canalizarla es un objetivo legítimo de España y de Europa, y también de los países de tránsito y de origen. La prioridad para todos ellos no es tanto evitar las invasiones o los desplazamientos masivos, porque saben que no se van a producir. La prioridad debería ser que no se sigan perdiendo vidas y que miles de seres humanos dejen de padecer el sufrimiento y el maltrato que producen estos procesos migratorios.

Por eso la última omisión de las autoridades marroquíes es tan condenable desde el punto de vista político como desde la perspectiva estrictamente humana. Marruecos, que debemos reconocer que durante tantos años ha colaborado para evitar que los inmigrantes se aventuren en peligrosas travesías con riesgo para sus vidas, permitió que sus propios ciudadanos pusiesen en riesgo las suyas, con el fin de presionar al gobierno de España. Los países de ambas orillas deben colaborar para evitar esos naufragios, pero sobre todo ningún gobierno debería promover esas pérdidas inhumanas de vidas.