La organización "ONU Mujeres" y el Instituto Europeo para la Igualdad de Género nos dan los siguientes datos: Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido, en algún momento, violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su pareja (estas cifras no incluyen el acoso sexual). Se estima que, de las 87.000 mujeres asesinadas en todo el mundo en 2017, mas de la mitad lo fueron a manos de sus parejas o familiares, lo que quiere decir que 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia, y que, en mas de un tercio de esos casos, los asesinos fueron la pareja o expareja de las asesinadas.

Que las mujeres y niñas suponen casi el 72 por ciento de las victimas de trata de seres humanos a nivel mundial, siendo las niñas mas de tres de cada cuatro victimas infantiles de la trata, y que cuatro de cada cinco mujeres, y casi tres de cada cuatro niñas victimas de trata, lo son con fines de explotación sexual. Que, en la UE, 9 de cada 10 víctimas de violencia por parte de su pareja son mujeres y que, como mínimo, una cuarta parte de las mujeres han sido víctimas de violencia física en, al menos, una ocasión durante su vida adulta. Y que España ocupa el puesto 29 en la clasificación del Indice Global de Brecha de Género, índice este que compara las brechas nacionales de género en criterios económicos, políticos, educativos y de salud, y en el que los tres primeros puestos son para Islandia, Finlandia y Noruega. (Fuente: Informe Global de Brecha de Género de 2018). Pero, a pesar de que esos datos nos avisan de que estamos ante un problema global y tan profundo y cruel como antiguo y extenso, tenemos un partido político que, con absoluto desprecio al consenso mundial existente sobre la existencia de la violencia de género y la necesidad de erradicarla, y avivando la lógica agitación que está produciendo la extrañeza en la que está inmersa nuestra política nacional y la incertidumbre social, económica y medioambiental que azota a todo país, ha impedido, allí donde puede, que, en el "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", nuestros niños y jóvenes hayan apreciado aquel consenso. Así, ninguna declaración de condena han emitido los gobiernos de Madrid, el gobierno regional de Murcia, nuestro Parlamento, el Parlamento Balear o el Congreso de los Diputados. Tremenda deslealtad a la sociedad. Y es que el futuro de las siguientes generaciones es nuestra responsabilidad y hacerlas cada vez más libres nuestra obligación y, por eso, no se puede dar ni un solo paso atrás en la erradicación de un asunto en el que la diferencia sea sinónimo de desigualdad, de manera que, si VOX no lo entiende así, acaban de crearnos otra obligación: que lo que acabe invisibilizado sean sus discursos teñidos de tal deslealtad.