No lamento un cese de Rajoy que, al margen de cómo se valoren sus logros y errores, acaso debió producirse, por meras razones de higiene política, hace varios años. Sí lamento hoy, la falta ejemplaridad, el alarmante abuso que comete Pedro Sánchez por aferrarse a gobernar desde una legalidad deficitaria en legitimación democrática. O sea, en un contexto que es legal, sí, pero poco legítimo. Miren, en el derecho moderno la legalidad se refiere el sistema de normas que enmarca lo que se puede hacer o no. Pero la legitimidad va más allá y se relaciona con los principios morales que rigen la sociedad. La legalidad, decía Bobbio, es la herramienta del poder mientras que la legitimidad es lo que vincula tal herramienta al sentido y sistema de valores éticos de un pueblo. Por eso, lo ideal es que en toda empresa concurra lo legal con lo legítimo. Aunque en la realidad veamos cómo la ley, a menudo, se acomoda más al interés privado que al colectivo. Y en ese entorno surgen extravíos varios, entre ellos, el abuso de posición dominante, abuso en el que creo que incurre un Partido que se ve en situación que imponer su proyecto de gobierno sin tener en cuenta lo que piensen los electores que no votaron en 2016 al Psoe. Un abuso que se atisba en el propósito de P. Sanchez de aplicar ahora, en 2018, y durante un periodo incierto que fijará él, a su antojo, sus propuestas electorales que no fueron votadas por una mayoría en el marco de libre concurrencia de las últimas elecciones.

Por decirlo desde otra perspectiva: cabe justificar la moción para el cese de Rajoy como legal y legítima. Vale. Pero no cabe legitimar a P. Sanchez para que aplique luego un programa, inédito hasta para el mismo Parlamento, que tampoco ha sustituido la voluntad de los españoles, porque ningún programa se votó durante la moción. Así que nos acecha una gobernanza deficitaria en apoyo democrático, y que abusa de una situación legal, la remoción de Rajoy, en tanto que no se validó a la vez ningún programa: ni el que no ganó en las urnas, ni ningún otro. Y suena a falacia presumir que se gobernará como reclama la mayoría, sin haber preguntado a los españoles, qué reclama la mayoría.

Ya sé, claro, del margen que se procura el nuevo gobierno para domeñar la volátil opinión pública que no le votó en 2016. Pero también sé, ay, de los riesgos, enormes, que conlleva intentarlo a fuer de distorsionar su legitimidad.