República de las Letras

La Ley de Memoria Democrática (II)

La Guerra Civil es una herida abierta todavía en nuestra historia reciente que persiste, aunque se empeñen en negarla

El viernes pasado la 6ª ofreció un programa sobre los militares que se sublevaron con Franco en 1936, sublevación, como sabemos, que provocó nuestra cruenta guerra. Hicieron un repaso a los asesinatos cometidos por cada uno de ellos, como la matanza de Badajoz, o el crimen genocida de la carretera de Málaga a Almería, en febrero de 1937, cuando lo que se conoce en la Historia como La Desbandá. Y también a los privilegios de que disfrutaron como vencedores de la guerra y los lugares preeminentes donde fueron enterrados. Titularon el documental Los hombres de Paco y fue emitido en prime time.

La Guerra Civil es una herida abierta todavía en nuestra historia reciente. Fue el punto culminante, el ápice sangriento, de la vieja división entre las dos Españas, que persiste por más que algunos se empeñen en negarlo. Las actitudes y declaraciones recientes de ciertos dirigentes de la derecha con motivo de la aprobación de la nueva ley así lo manifiestan. La vieja herida aún no ha cicatrizado, y la causa es precisamente el empeño de las derechas en que no se efectúen el reconocimiento y la reparación a las víctimas del franquismo. Dejar en paz a los muertos es fácil decirlo para ellos, cuyos muertos fueron honrados y bendecidos a lo largo de los casi cuarenta años de dictadura. Pero aquellos que fueron asesinados vilmente sin juicio o juzgados por tribunales ilegítimos, y que perdieron, ellos y sus familias, sus bienes, su dignidad y hasta el derecho a tener un lugar al que llevarles flores, nunca quedaron en paz. La democracia ha tardado otros cuarenta años en reconocerlos, y aún quedan miles de cuerpos por recuperar de fosas comunes. Lo de dejar a los muertos en paz no es posible todavía para la izquierda.

Por cierto, esa ley ordena la sustitución de símbolos, nombres y alegorías franquistas de los edificios, vías públicas, localidades, etc., lo que obliga a todas las instituciones públicas y privadas al cumplimiento de tales obligaciones. ¿A qué está esperando el obispado de Almería para borrar el nombre grabado en la fachada de la Catedral? ¿A qué espera el Ayuntamiento para cambiar los nombres de las calles que quedan con alusiones fascistas? ¿A qué espera la Delegación de Educación -entre otras- para eliminar, por ejemplo, el escudo fascista de la fachada de la Escuela de Artes? ¿Cumplirán la ley estas instituciones? ¿O elegirán qué leyes cumplen y cuáles no?

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